El primero de los juicios de las 21 demandas presentadas por trabajadores de Tamar ya tiene sentencia una vez que el juzgado de Lo Social número 1 de Cartagena da la razón a cinco demandantes y condena a dicha entidad y a otras dos, considerando que forman un grupo de empresas, a pagar los salarios impagados durante ocho meses, a pagarles indemnizaciones por despidos improcedentes y a compensar los daños morales sufridos con tres mil euros a cada uno.

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Los 21 trabajadores no aceptaron las condiciones de la empresa y pusieron el asunto en manos de la abogada Mercedes García Ortega, quien presentó las demandas, que se han repartido en los tres juzgados laborales de Cartagena. La primera sentencia ha sido emitida por el magistrado Carlos Contreras, quien estima íntegramente la demanda presentada por cinco trabajadores referente a la extinción de sus contratos de trabajo por vulneración de los derechos fundamentales, falta de ocupación efectiva e impago de salarios.

En el hecho segundo de la sentencia, según ha podido conocer este periódico, se hace mención a un informe de la Inspección de Trabajo, donde se reseña que Tamar privó de ocupación efectiva así como de salarios a los empleados uqe no aceptaron firmar la demanda de extinción que ofertó la empresa cartagenera, "vulnerando así sus derechos fundamentales de igualdad y dignidad". La vista oral también contó con la presencia, además de la defensa de la empresa, del abogado del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de la Fiscalía, que entendió que sí se había producido esa vulneración de los derechos fundamentales.

La sentencia extingue con fecha 19 de noviembre la relación laboral que unía a las partes, lo que permitirá a estos cinco trabajadores acceder a las prestaciones de desempleo, lo que no era posible hasta ahora. El fallo judicial considera que las empresas Talleres Andrés Martínez, Construcciones y Montajes y Mantenimientos Industriales Gestradoc Ingeniería forman grupo de empresas, condenándolas de forma solidaria a abonar las indemnizaciones por un despido improcedente (las cifras están entre 30.000 y 90.000 euros según el caso) y los salarios dejados de percibir (entre 12.000 y 18.000 euros según el caso), con un interés del 10% este último concpeto en concepto de intereses. La cifra se incrementa con indemnizaciones individuales de 3.000 euros por perjuicios y daños morales.

"Estamos muy contentos con este desenlace porque se ha visto la luz al final de un camino largo y doloroso, en el que las familias han pasado muchos problemas económicos y se han difundido mentiras y falsedades. Fueron ocho meses sin cobrar, pero acudiendo a cumplir nuestra jornada laboral, sufriendo sanciones injustas, malas condiciones o que no nos dejasen acceder a la empresa. Era como un David contra Goliath", expresaban por parte de los trabajadores, donde hacen hincapié en que el informe de la Inspección de Trabajo indica que todos "los hechos denunciados en la demanda y en la denuncia son verdad".

La sentencia se puede recurrir, consignando las cantidades, a la sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.