La Guardia Civil ha detenido a nueve personas e imputado a otras once por fraude fiscal de millones de euros. Entre los implicados se encuentran varios exaltos cargos de la CAM.

Los empresarios, con la  financiación de la CAM, la connivencia de algunos de sus directivos y el asesoramiento de varios  despachos de abogados, habrían creado una estructura societaria, de la que la CAM participaba, que permitía derivar los beneficios de la  explotación de grandes hoteles de lujo en el Caribe  a un paraíso fiscal defraudando millones de euros

La Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el marco de la operación denominada Mar Nuestro,  ha procedido a la detención de nueve personas y a la imputación de otros once, en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia por presuntos delitos fiscales y  societarios, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Asimismo, la Unidad de la  Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en distintas fases, ha llevado a cabo diversos registros, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.

La investigación se inició en el  año 2012 como consecuencia de una denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez intervenida la Caja por el Banco de España, contra los antiguos directivos de la CAM por la supuesta concesión de varios préstamos a conocidos empresarios del Levante español eludiendo los procedimientos internos de control de la Caja.

Estos, a través de un entramado de empresas, fueron beneficiarios de varios préstamos que superaban el importe de 216 millones de dólares, concedidos  para la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en Méjico, República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación. La CAM poseía el 30 % de las acciones del grupo empresarial que explotaba los hoteles.

Como consecuencia del análisis de la información recabada, se ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría  permitido derivar  a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios  hoteles de lujo en el Caribe, estimándose en millones de euros la cantidad defraudada a la Hacienda Pública española. 

La operación está siendo llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa, apoyados por Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación.