Izquierda Unida-Verdes quiere que el Ayuntamiento negocie con el Ministerio de Hacienda la compensación económica o en especie necesaria para garantizar el uso público de la antigua cárcel de San Antón de Cartagena, que está en desuso desde hace más de diez años. Eso es lo que solicitó ayer el concejal de esta formación, Cayetano Jaime Moltó, ante la noticia de su venta.

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La citada cárcel, en desuso desde hace más de una década tras no cumplirse la decisión del Ministerio del Interior de dedicarlo a centro de reinserción para presos semilibres, viene siendo demandada desde hace tiempo por los vecinos del citado barrio y otras zonas cercanas, que desean convertirla en un centro social que ubicaría diversos servicios ciudadanos e, incluso, una biblioteca. El suelo que ocupa está calificado como de equipamiento, por lo que el nuevo uso que se propone sería posible sin ningún tipo de modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

La nueva infraestructura demandada sería un elemento más para ayudar al citado barrio de San Antón a salir de la degradación y amenaza de exclusión social para muchos de sus habitantes que vive en la actualidad. "Degradación y situación de crisis que se agrava especialmente por la falta de inversión municipal en dicho barrio. Por ello, el Ayuntamiento debe tomar medidas para que no se repitan situaciones como las del hoy denominado Barrio Universitario o el Monte Sacro, cuyo abandono los llevó a una situación de degradación ya irreversible, que los llevó al derribo y a ser objeto de la especulación urbanística. Oportunidades como la que presenta la vieja cárcel no deben ser desaprovechadas para conseguir instrumentos de socialización vecinal y de recuperación integral de un entorno degradado", señalan desde IU-Verdes.

En cuanto a su costo, cifrado al parecer en 422.570 euros, el Ayuntamiento, "gracias a su política de recortes y de privatización a la vez que de notable incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos", dispondrá para 2014 de un volumen de capacidad de inversión que debe tener una orientación de dinamización social, económica y cultural de la que no deben quedar ajenos los barrios y diputaciones.