La Policía Nacional de Cartagena inició a finales de agosto una investigación sobre un empresario murciano, propietario de varias zapaterías en la Región, quien presumiblemente se estaba dedicando a la venta de contratos de trabajo a inmigrantes en situación irregular en nuestro país, quienes de esa forma podían lograr el permiso de residencia por arraigo. El resultado ha sido la detención del sospechoso y de un intermediario de origen marroquí, residente en La Palma (Cartagena), quienes solicitaban 2.500 euros a los extranjeros para tramitarles esos contratos y que luego se negaban a devolver el dinero si no prosperaba la solicitud de residencia.

Las primeras gestiones permitieron conocer que ante la Oficina Única de Extranjeros de Murcia se habían presentado diez solicitudes de Permisos de Residencia en España por arraigo, de las que 6 habían prosperado, siendo las restantes denegadas al ser detectadas irregularidades por la Inspección de Trabajo.

Aunque la empresa parecía tener la suficiente capacidad económica y volumen de trabajo para dichas contrataciones, se comprobó que no había mantenido actividad laboral alguna durante el año 2012, y por tanto carecía de sentido contratar a trabajadores en ese período, dándose por supuesto que dicha contratación era plenamente fraudulenta y con el único objeto de conseguir los permisos de residencia, hecho constatado posteriormente cuando los supuestos trabajadores, tras permanecer de alta en la empresa durante cortos periodos de tiempo, tramitaban rápidamente una baja voluntaria.

Se comprobó, igualmente, que para tramitar los expedientes, y a cambio de la oferta laboral y su posterior alta en la Seguridad Social el empresario exigía a los supuestos trabajadores el pago de 2.500 euros.
De este modo, cuando los cuatro trabajadores que vieron frustradas sus pretensiones solicitaron, al empresario, el reintegro del dinero, se vieron amenazados por éste con denunciar a las autoridades su situación administrativa irregular.

Las investigaciones permitieron conocer la participación de un intermediario marroquí, residente en la pedanía de La Palma y con múltiples antecedentes policiales por estafa y falsificación de documentos, cuya función consistía en la captación de trabajadores de su nacionalidad.

Tanto el empresario como el intermediario fueron detenidos el pasado día 24 de octubre como presuntos autores de los presuntos delitos de falsedad documental y estafa y de estafa respectivamente, remitiéndose las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción Número Uno de los de Cartagena. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría local de Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y la Oficina Única de Extranjeros.