Milagrosa González Conesa, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Cartagena, está manteniendo entrevistas con autoridades jurídicas y civiles (la alcaldesa de Cartagena y el consejero de Presidencia) para solicitarles su apoyo en la batalla que el colectivo lleva a nivel nacional contra el anteproyecto de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales que prevé el Gobierno de la Nación, que considera que daña mucho a la Justicia y pone en peligro la profesión de la procura. Este miércoles hay una reunión de los procuradores de la Región de Murcia para decidir qué acciones de protesta llevarán a cabo en los próximos días.

El anteproyecto presentado por el Ministerio de Economía y Competitividad, entre otros puntos, que los abogados pueden asumir la representatividad de los clientes, incluida las notificaciones de los tribunales, lo que ahora es exclusivo de los procuradores, además de establecer que los aranceles sean fijados libremente con los clientes por los profesionales jurídicos.

"Luchamos porque se mantenga la actividad de los procuradores, no alterándose la incompatibilidad de funciones entre abogados y nosotros", explica Milagrosa González, quien reitera que el objetivo final "es que los colegios profesionales se mantengan como están, sin fijarle limitaciones. Somos instituciones de derecho público que se mantienen con cuotas privadas de sus asociados, es decir, un híbrido entre su faceta privada y el servicio que lleva al servicio de las administraciones públicas que no tienen déficit, ni su funcionamiento repercute en el ciudadano ni son corporaciones cerradas, además de que asumen servicios tan importantes como la justicia gratuita y los cursos de formación, pero parece que le Ministerio no se entera de todo esto cuando se empeña en modificar sus funcionamientos y no analiza el tema desde abajo desde las sedes judiciales, los despachos y el ciudadano como debería ser".

El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, ha desvelado recientemente que en España los procuradores gestionan anualmente 50 millones de notificaciones de los tribunales, de las cuales 28 millones son tramitadas en papel y 22 millones a través del sistema informático LexNet, "cuyo coste asumismos los propios despachos", apunta la decana de los procuradores cartageneros, quien también remarca que acabar con los aranceles no supone abaratar los gastos de los clientes, "pues no es lo mismo tener normas orientadoras, como las de los abogados, que existir unos fijos económicos, pues el ciudadano tiene derecho a saber realmente sus gastos". También apuntan que la reforma supondría a los letrados ampliar el personal de sus despachos, lo que también repercutirá en la factura final.  

Milagrosa González ha mantenido entrevistas en la Región en busca de apoyos para tratar que la ley no salga adelante. En el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia se reunión con su presidente, Juan Martínez Moya, y con el secretario de Gobierno, Javier Parra; mientras que en Cartagena ha mantenido entrevistas con el presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial, José Manuel Nicolás; el decano de los jueces de Cartagena, Jacinto Aresté; y el decano del Colegio de Abogados, José Muelas. A nivel civil estuvo con el consejero de Presidencia, Manuel Campos, y el pasado viernes con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

"Todos nos han entendido y nos han mostrado su apoyo en nuestras reivindicaciones, algunos, incluso, por escrito. Manuel Campos nos da la razón totalmente y Pilar Barreiro, como diputada, se ha comprometido a trasladar el tema a la compañera que en el Congreso en Madrid lleva esta parcela", apunta la decana, recordando que en septiembre se presentaron 160.000 firmas recogidas con el mismo fin, "que la reforma no siga adelante".

Cartagena cuenta actualmente con 41 procuradores, cifra que se eleva a trescientos en la Región. El miércoles tendrá lugar una reunión en Murcia para valorar la situación y decidir actuaciones, entre las que se baraja una protesta regional para el próximo 5 de noviembre.