Los sindicatos CSIF, CC.OO, STAJ Y UGT han convocado una concentración frente a la Asamblea Regional, el miércoles 16 de octubre a las 17.00 horas, para exigir que se ponga frente a las reformas judiciales que el Gobierno ha puesto en marcha. Previamente, el 10 de octubre a las 18.30 horas, coincidiendo con la apertura del año judicial, habrá una protesta en Lorca.

De esta forma, los sindicatos muestran su malestar por las reformas que el Gobierno central, al que acusan de lanzarse en una "loca carrera que encubre un proceso privatizador de la Administración de Justicia", ha puesto en marcha y que sintetizan en las siguientes:

• Ley de tasas Judiciales e imposición de costas en contencioso-administrativo. "Obstaculizando el derecho al acceso de la Justicia a los ciudadanos y al personal, a los Tribunales, en defensa de sus derechos", según los sindicatos.

• Privatización del Registro Civil para dejarlo en manos de registradores y notarios. "Desaparición del servicio público gratuito, supresión de centros de destino, movilidad forzosa fuera del municipio y amortización de plazas lo que afectará al empleo público", señalan.

• Privatización de los actos de comunicación y de la ejecución a favor del colectivo de procuradores, "otorgándoles el carácter de agentes de la autoridad y que provocará una importantísima amortización de plazas".

• Reforma de la LOPJ. "Vaciamiento de funciones de los cuerpos de justicia a favor de la privatización y mayor confusión de las funciones restantes sin reconocimiento alguno, movilidad forzosa fuera del municipio, amortización de plazas, desaparición de las sustituciones".

• Reforma de la Ley de Demarcación y Planta. Creación de los Tribunales de Instancia y desaparición de los Juzgados de Paz, desaparición de los partidos judiciales, supresión de los Juzgados, ubicándolos todos en la capital de la provincia. "Por lo tanto, alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento. Lo que conllevará a amortizaciones de plazas afectando a la Oferta de Empleo Público", señalan.

"Y si todo esto fuera poco, los sucesivos Gobiernos, tanto central como autonómicos, han puesto a los empleados públicos en el punto de mira aplicando los recortes más salvajes de toda la democracia, especialmente duros en la Administración de Justicia", matizan en un comunicado de prensa.

Por todo esto, los sindicatos exigen al Gobierno la paralización de las reformas que tiene en proyecto y que les reconozca la representación que ostentan "por legitimidad y, en caso contrario, nos veremos obligados a incrementar la contundencia de las movilizaciones, llegando incluso a la convocatoria de una huelga general".