Tras la publicación de la ley 1/2013 para la protección de los deudores hipotecarios, el equipo jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha preparado un recurso de inconstitucionalidad que deberá ser presentado antes del día 15 de agosto (tres meses después de la aprobación de dicha ley). Para ello la PAH se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios con el fin de solicitarles que se adhieran al recurso, pues necesita el respaldo de 50 diputados o 50 senadores para su tramitación.

De estas dificultades para la puesta en marcha del recurso de inconstitucionalidad se desprenden, una vez más, las carencias democráticas de este sistema, que en vez de apoyar y fomentar la participación de la sociedad civil, impone formas bipartidistas de hacer política y dificulta el acceso de la ciudadanía a los canales de participación establecidos. Además, la necesidad de pasar el filtro partidista hace visible la apropiación por parte de los grupos políticos de las demandas ciudadanas, ya que ninguna formación política tenía previsto presentar recurso alguno ante la ley. Este nace de la sociedad civil, como mecanismo de defensa y constatación de la vulneración sistemática de derechos humanos que supone y perpetúa la actual legislación en materia hipotecaria.

Desde el inicio del movimiento, se han utilizado todas las vías legales que esta "democracia" pone a nuestra disposición, y ante la ineficacia de estas, seguiremos usando la desobediencia civil legítima para asegurar que los derechos humanos se cumplan. Ejemplo de ello es lo ocurrido con la Iniciativa Legislativa Popular presentada en febrero de este año. Tras llevar a cabo la recogida de casi un millón y medio de firmas, con el esfuerzo realizado por muchas personas que vieron en esta herramienta la posibilidad de promover un cambio real en materia de vivienda, el gobierno del Partido Popular estuvo a punto de no admitirla a trámite, ninguneando la opinión de un gran número de ciudadanos. Pero tras las presiones que recibieron, y ante el descrédito de la opinión pública junto a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, la admitieron a trámite para poco tiempo más tarde despreciarla creando la Ley 1/2013, que sigue vulnerando los derechos fundamentales y humanos.

Desde las Plataformas de Afectados por las Hipotecas queremos hacer visibles los efectos reales que esta normativa maligna genera sobre la población, que se ve sometida a criterios injustificados y que impide el derecho a una defensa real. Por tanto, instamos al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios que tengan en cuenta las demandas ciudadanas, y que apoyen y fomenten la discusión y aprobación de las mismas, sin que esto suponga la apropiación del trabajo de la sociedad civil en su beneficio.