Jesús Sáez Carreras lleva un cuarto de siglo trabajando para la administración de Justicia, conociendo perfectamente los entresijos de su funcionamiento y habiendo visto pasar bastantes reformas, aunque nunca tan profundas como las que ahora 'amenazan'. "Se está llevando a cabo una privatización de la justicia en toda regla, que tendrá como consecuencia un sistema judicial de doble velocidad, siendo más rápido para las personas con más medios económicos y muy lento para los ciudadanos de sueldo medio y bajo". Es su conclusión en la entrevista que ha concedido a Cartagena de Ley, donde desvela, entre otros asuntos, que a partir de septiembre los funcionarios de los juzgados no podrán utilizar en todos los casos taxis para entregar diligencias y tendrán que desplazarse a pié o en el bus de línea.

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Cartagenero de pura cera, como buen nativo del Barrio Peral, Jesús Sáez Carreras es un funcionario valorado por superiores y compañeros en el Registro Civil de Cartagena, donde desempeña su labor desde hace ocho ejercicios. Antes estuvo once años en el juzgado mixto número 3 de Cartagena y, entre otros destinos, tres años en un Juzgado de Instrucción y Violencia doméstica de Torrevieja. Con él hablamos sobre las polémicas leyes que prepara el Ministerio de Justicia y que tantas protestas están generando en los agentes jurídicos.

¿Ha conocido en su trayectoria una reforma tan profunda como la que se prepara en la Justicia?
Sí he vivido algunas, pero no de tanto calado. Las anteriores sirvieron para dotar a la Justicia, con mayor o menor eficiencia al final, especialmente en el terreno tecnológico, pero lo que ocurre ahora es otra cosa. No son medidas que se estén aplicando debido a la crisis, sino que se aprovecha la misma para aplicar una filosofía de partido.

¿Por qué se están dando tanto 'pie de guerra' entre jueces, abogados, funcionarios y otros colectivos?
Porque se trata de una política totalmente agresiva que se escuda en la demagogia del objetivo de agilizar el sistema, pero la realidad es que sólo ocurrirá así para los sectores más pudientes económicamente.

¿Y qué visos tienen de salir adelante?
Muchos, pues en España hay actualmente un rodillo de mayoría absoluta. Además, si ya se ha hecho en pilares tan importantes como la sanidad y la enseñanza, no es de extrañar que ahora le toque a la justicia.

Entonces, ¿para qué tanta protesta?
Porque la única vía que nos ha dejado este gobierno para demostrarles que acatamos las normas que nos dicta pero que no las compartimos es con la protesta, con la salida a la calle, con la información que en las concentraciones y manifestaciones se da a la ciudadanía acerca de las barbaridades que este gobierno quiere cometer con un servicio público como es la administración de justicia. Es cierto que a veces entre el funcionariado existe una sensación de impotencia y desánimo, de que no va a ser posible hacer nada, pero la unidad entre todos ha hecho posible en otras situaciones semejantes que se logren derribar férreas voluntades.

Hay quien piensa que las protestas las llevan a cabo para mejorar su situación laboral.
Desde que se iniciaron los recortes de las administraciones públicas, incluida la de Justicia, los funcionarios hemos salido a la calle en defensa de un servicio público que, como ciudadanos, también nos afecta. Aunque desde algunas esferas se intente culparnos de todo lo que pasa en las administraciones, la verdad es que sufrimos doblemente lo recortes que se están haciendo, y la realidad última es que todos estos recortes repercuten en el servicio que estamos dando, con un gran esfuerzo por gran parte de la mayoría de nosotros para que sea eficaz y eficiente.

¿Es cierto que a partir de septiembre no se podrán utilizar taxis para entregar diligencias de embargos, alzamientos y otros temas?
Sí, al parecer a partir de ese mes en muchos casos los funcionarios tendrán que ir a pié dentro del casco urbano de su municipio para la práctica de diligencias. En Cartagena solo existe un coche oficial para los seis juzgados de primera instancia. Es decir en la semana falta un día para utilizarlo un Juzgado. Seguro que las cuentas no salen, ¿verdad? Y, en vez de crear un servicio común de notificaciones y embargos para que estén concentradas todas las salidas en un servicio, como desde hace tiempo venimos reclamando, para agilizar las mismas, retiran el servicio de taxis. Una vez más se incide en el empobrecimiento de la calidad de ésta Administración.

Cuatro frentes tiene la actual (y conflictiva) situación:
- Privatización del Registro Civil.
- Ley de tasas judiciales.
- Reforma de la Ley de plantas judiciales
- Privatización de los actos de comunicación
Comencemos por el primero. ¿Qué noticias tienen sobre esa temida privatización del Registro Civil, cuyos servicios pasarían a los Registros de la Propiedad?
Al parecer, unos trescientos de los mil y poco registradores que hay en España muestran su oposición a asumir esas funciones, ya que para rentabilizarlas deben cobrar al usuario aranceles bastante elevados. El Ministerio alega que son funcionarios públicos como nosotros, pero no es así, la realidad es que su situación jurídica y económica difiere bastante de la nuestra. Los que a buen seguro no son trabajadores públicos son las personas que trabajan para ellos y asumirían la tramitación y llevanza de un Registro de carácter público.

¿Y pueden custodiar documentos públicos?
Creo que sería una barbaridad, como lo han calificado muchos juristas.

¿Qué costaría una partida de nacimiento, por poner un ejemplo?
Se habla de cifras cercanas a los 30-40 euros, aunque todo esto es parte del gran debate suscitado y no es en absoluto verificable a día de hoy. La situación es muy diferente a los registros civiles, donde es gratuita. Sin embargo, aquí quiero apuntar que sería lógico que los registros civiles cobrásemos alguna pequeña cantidad para evitar el abuso y sufragar parcialmente el gran gasto que supone prestar este servicio, pero la solución no es poner lo público en manos privadas, lo único que va a ocurrir con todo esto es que se enriquezca un pequeño colectivo con el consiguiente perjuicio para el usuario.

Entonces, ¿se reduce el temor de esa privatización?
En absoluto. Se ha establecido el 1 de enero de 2015 para su entrada en vigor y nadie ha dicho a día de hoy que no sucederá. Sólo se escuchan palabras contradictorias cargadas de demagogia. Es demencial privatizar un servicio público y pienso que pudiera llegar a ser, incluso, hasta inconstitucional.

Pasamos a la Ley de tasas.
Ese es otro disparate más que ahonda en la diferenciación entre ricos y pobres, pues en realidad esta ley está actuando como medida disuasoria que desanima al usuario de la justicia a iniciar expedientes o pleitos y a recurrir las resoluciones cuando le sean adversas. Se aleja al ciudadano de la administración dejándole imposibilitado de obtener justicia. Todo esto incluso ha llegado a provocar el cierre de algunos despachos de profesionales. Así que no entiendo cuando se felicitan en las altas instancias por haber reducido la litigiosidad en España, ¿a costa de que?. Una justicia ágil y eficaz es fundamental para el desarrollo económico de una comunidad, y no es eso lo que hoy tenemos en este país. Hay muchas voces que se han alzado contra una política de austeridad y recortes que no nos llevan a ningún sitio.

Los juzgados de Lo Contencioso-Administrativo son los que más han notado las tasas.
El gobierno tiene en estudio una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo así como de la ley de la Jurisdicción Voluntaria  que atribuye a agentes mediadores, notarios y registradores de la propiedad y mercantil algunas funciones con el objetivo de disminuir también la litigiosidad en la jurisdicción contenciosa, con el consiguiente pago de los correspondientes aranceles por parte del ciudadano. Es otro ejemplo de privatización de una justicia que debería ser universal, gratuita y gestionada por funcionarios.

Solo podemos llegar a un conclusión: si las dos jurisdicciones donde se ha aumentado la tasas son la Contencioso Administrativa, (donde acudimos a reclamar a la Administración) y los recursos en los Juzgados de lo Social (donde los trabajadores acuden en defensa de sus derechos) lo que están haciendo es dejarnos sin la posibilidad de “reclamar nuestros derechos” ante la justicia, dejándola solo para aquellos que tengan dinero para pleitear.

Luego está la nueva Ley de Demarcación y Planta. ¿Piensa vd. que Cartagena se quedará sin juzgados?
La ley, actualmente en estudio, supone la desaparición de los partidos judiciales, de las Audiencias Provinciales, de los Juzgados de Paz y el traslado de todos los órganos a la capital de provincia. Algunos utilizan, con toda la intención, palabras que solo llevan a la confusión. Si se cumple el proyecto del Ministro de Justicia,  entrara en funcionamiento en Julio de 2014. Evidentemente el edificio para ubicar alrededor de 600 funcionarios, sin contar los demás actores de la vida judicial,  que trabajamos fuera de la Ciudad de Murcia, no estará para esas fechas y como dice la Ley, se mantendrán las infraestructuras existentes, pero desaparecerán los partidos judiciales como tales y todo lo demás que ello conlleva.

Ojalá, como dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, esto no ocurra. El problema no es que los funcionarios tengamos que ir a Murcia a trabajar, sino que los colectivos profesionales y todos los usuarios de la Administración de Justicia tendrán que estar desplazándose hasta la capital de la región para la practica de todo tipo de diligencias. Sin duda, es otra medida disuasoria que a buen seguro “reducirá la litigiosidad”. Espero que este disparate no se haga realidad.

El cuarto capítulo es la privatización de los actos de comunicación y los embargos.
Se dota de nuevas funciones a los procuradores, que podrán llevar a cabo esas labores así como algunos actos de ejecución de la resolución que se dicten al final del proceso, pero todo esto no será gratuito y estará más al alcance de la persona pudiente. Aunque parezca lo contrario, creo que esta medida no beneficiará ni a los propios procuradores, pues es otro empujón que coadyuvará a reducir el número de procedimientos en los Juzgados. Por otro lado ¿que pasara con los funcionarios que están desarrollando en la actualidad esa labor?. Todas estas reformas, solo crean incertidumbre entre el funcionariado y gastos en la ciudadanía.


¿Hay más asuntos que consideren que atentan contra el buen funcionamiento judicial en España?
Claro. Otro ejemplo es el nuevo régimen de sustitución de jueces. Ya no se nombran jueces sustitutos y son los propios jueces titulares quienes se cubren entre ellos pese al volumen de trabajo que llevan. Hay que dejar a los Jueces que cumplan con su función fundamental que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, éste ahorro en el nombramiento de jueces sustitutos sólo conlleva una perdida de tiempo en otros Juzgados donde tienen que conocer, en poquísimo tiempo a veces, de expedientes del cual desconocen absolutamente todo. Nuevamente, todo ello supone una perdida en la calidad de la justicia.

Por último, ¿qué significa ser funcionario?
Es encontrarse en una inmejorable situación para prestar un servicio a los demás, para sentir que tu trabajo, bien realizado, puede suponer una gran satisfacción personal. El problema, en muchas ocasiones, viene desde la propia Administración, en donde a veces se legisla sin pensar en el usuario. En esas situaciones uno se ve impotente para prestar el servicio de calidad que merece todo ciudadano.