El Tribunal Supremo confirma ahora la sentencia de junio de 2011 de la Audiencia Nacional que daba la razón a la empresa Zona Árida SL sobre las Salinas del Rasall, rechanzado que sea una zona de dominio público-terreste.
En esta zona, en su día dedicada a la explotación salinera, el agua de mar no llega de forma natural, indican las sentencias, ni siquiera cuando hay fuertes temporales. Finalmente, el Supremo condena a la Administración del Estado al abono de las costas, limitando la cuantia en 3.500 euros. En este asunto el ayuntamiento de Cartagena no llegó a presentar oposición al recurso.
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