El juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena acogerá esta mañana, a las 10.00 horas, el juicio contra cuatro responsables de dos empresas, acusados de la muerte de uno de sus trabajadores por no haberle formado en riesgos laborales. La Fiscalía solicita dos años de prisión para cada uno de ellos.

Se trata de la tercera vez que se señala el juicio, tras la suspensión del pasado 5 de julio y en noviembre de 2011 ante la falta de unas pruebas solicitadas por la defensa de uno de los acusados.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2004 cuando la víctima, que tenía 38 años y trabajaba para la empresa de construcción ‘Navas S.L.’ y para la promotora ‘Pamasil S.L.’, se encontraba dejando unos materiales en una obra que la empresa realizaba en Alumbres.

El trabajo lo realizó en solitario, según señala el informe de la Fiscalía, “y desde el interior de la caja del camión encargándose de colocar manualmente las pinzas bajo los paquetes y accionar los mandos de la grúa desde la propia caja”, añade.

En unas maniobras de izado, la carga se desestabilizó y cayó sobre el trabajador, provocándole un fuerte traumatismo torácico. La víctima fue trasladada, debido a su gravedad, al hospital Virgen de la Arrixaca, donde falleció cinco días después del suceso.

El informe de la Fiscalía señala que "el accidente se produjo a causa de la falta de cualificación del trabajador, la falta de instrucciones sobre cómo realizar la tarea, la falta de formación preventiva específica para el puesto, la falta de identificación del riesgo y la falta de adopción de medidas preventivas que lo hubieran evitado".

Los hechos son constitutivos de un delito Contra los Derechos de los Trabajadores y un delito de Homicidio por imprudencia grave. La Fiscalía solicita una pena para cada uno de los acusados, Fernando N. S., Ginés M. P., José Francisco N. S., Antonio M. M., una pena de 2 años de prisión además de una indemnización económica para la viuda e hijo, que en el momento de los hechos tenía seis años.

Además, solicita la inhabilitación especial para la industria de construcción o reparación general de inmuebles durante cuatro años.

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