Las consecuencias que está teniendo y las que puedan tener las medidas que está aplicando el ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón fueron los asuntos abordados en la reunión entre Comisiones Obreras e Izquierda Unida-Verdes. 

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La coordinadora del sector de Justicia de CCOO, Gertrudis Peñalver, se ha reunido con el coordinador de IU-Verdes de la Región de Murcia para trasladarle la inquietud existente entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, ya que están viendo peligrar decenas de puestos de trabajo, debido a las modificaciones legales que el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, está llevando a cabo.

Así, este ministro está acometiendo la privatización del Registro Civil, haciendo entrega su gestión a los registradores de la Propiedad y de lo Mercantil, según el borrador de la 'comisión de expertos'. Esto va a suponer la supresión en toda España de más de 3.500 puestos de trabajo, y además, un servicio público que ahora se presta gratuitamente, va a pasar a ser de 'pago', ya que estos profesionales cobran por arancel.

De igual modo, el ministro también ha presentado un proyecto de ley, por el cual, los actos de comunicación y los embargos que ahora se realizan por funcionarios judiciales –y por tanto de forma imparcial y gratuita-, se van a poder realizar por los procuradores de los tribunales, que también cobran por arancel, por lo que va a suponer un incremento de los costes de los procedimientos, que de nuevo, tendrá que soportar la ciudadanía, desapareciendo de nuevo muchos puestos de trabajo, que de esta manera pasan a ser “privatizados”.

En otro proyecto legislativo, Gallardón pretende implantar los 'Tribunales de instancia', condensando los órganos judiciales de la Región en la capital (excepto Madrid y Barcelona), eliminando así los partidos judiciales, lo que supone, de nuevo, un perjuicio a los ciudadanos y ciudadanas que tendrán que desplazarse a la capital para realizar los trámites que ahora mismo se realizan en las cabeceras de los partidos judiciales, y para los funcionarios de la Administración de Justicia va a suponer la movilidad forzosa de sus puestos de trabajo, teniendo que desplazarse hasta la capital.

También le hicimos saber el impacto que está teniendo en la Justicia la Ley de Tasas que también aprobó el ministro Gallardón y que, de hecho, está suponiendo que los ciudadanos no puedan acceder a la Justicia, ya que hay que abonar unas cantidades totalmente abusivas y lesivas contra la tutela judicial efectiva, haciendo desistir a muchísimos ciudadanos de interponer las reclamaciones.  Esto está generando una justicia para ricos y para pobres.

En total, CCOO estima que pueden desaparecer más de doce mil empleos en todo el territorio nacional, así como una precarización del empleo.

Pujante y los responsables de Justicia de CCOO han destacado la “sintonía” entre sendas organizaciones para defender la Justicia como servicio público al que pueden acceder todos los ciudadanos y luchar por el mantenimiento de los empleos.

De este modo, IU-Verdes presentará mociones en la Asamblea Regional contra el desmantelamiento y la privatización de la Administración de Justicia.

IU-Verdes también ha trasladado su apoyo a las concentraciones convocadas por organizaciones sindicales para los próximos 19 y 26 de junio en los centros de trabajo, así como a las movilizaciones convocadas para después de la época estival.