La formación de izquierdas ha presentado una moción pidiendo que el Ayuntamiento muestre su repulsa al anteproyecto de reforma del Código Penal que convierte en delito actitudes de apoyo a inmigrantes llevadas a cabo por razones éticas, humanitarias o solidarias.

El comunicado es el siguiente:

Que el Ayuntamiento manifieste su rechazo a cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes, que inste al Gobierno de la Nación a que el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros castigue únicamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas y no aquellas actuaciones motivadas por razones de humanidad y solidaridad como se pretende en el anteproyecto del nuevo Código Penal y que se comprometa el Consistorio a continuar trabajando en la línea de promoción de la convivencia en la ciudad, con independencia de cual sea el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas que viven en ella. Eso es lo que ha pedido el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes en el día de hoy a través de una moción presentada por la concejala María Rosa Mateo Pena.

Desde la formación de izquierdas se recuerdan la continúas y sucesivas agresiones racistas y xenófobas institucionales llevadas a cabo por el Gobierno central y por diversos gobiernos autonómicos y que las políticas antisociales y de recortes puestas en marcha por el Ejecutivo del Partido Popular se están cebando con las capas y sectores más vulnerables y desprotegidos y, en concreto, en las personas de origen extranjero. Todo ello en base a una Ley de Extranjería que considera a estas personas desde el punto de vista utilitarista, como mano de obra, sin tener en cuentas sus aportes culturales, políticos y sociales.

Estas actitudes se han traducido en hechos tan inadmisibles como que pierdan su permiso de residencia debido a la actual situación de desempleo, ligando la condición de ciudadano al régimen de contratación laboral. Igualmente, los centros de internamientos de extranjeros se han convertido en auténticas cárceles encubiertas donde se recluye, a veces en condiciones infrahumanas, a personas durante 60 días por el único hecho de no tener documentación en regla. También están siendo estas personas víctimas de recortes en servicios públicos, fomentando la hostilidad hacia ellas, siendo totalmente inadmisible su exclusión del sistema sanitario.

Todas estas medidas son un auténtico caldo de cultivo para los grupos racistas y xenófobos de extrema derecha que están surgiendo en toda Europa, fenómeno del que España no está exenta. Y encima, ahora el nuevo código penal quiere imponer penas de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años a quien ayude a transitar a un extranjero, con una redacción del anteproyecto de reforma del Código Penal que ha creado alarma social al pensar mucha gente que alquilar una habitación o servir una comida a estas personas puede ser un hecho constitutivo de delito, equiparando estas actitudes y las relacionadas con las que llevan a cabo personas y organizaciones por razones humanitarias, solidarias o éticas con las relacionadas con delitos como el tráfico de personas.

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