Los sindicatos han convocado una protesta frente a la sede del Registro Civil de Cartagena, sita en la esquina de la plaza Doctor García Marcos con Carlos III, ante la posibilidad de que el Gobierno de la Nación lleve adelante la privatización del servicio, lo que está previsto que quede consumado para 2015. La Asociación de Jóvenes Abogados de Cartagena (AJAC), que preside Rafael Sánchez Esparcia desde hace dos semanas, han manifestado su oposición a la supresión de este servicio público y el apoyo a una protesa que se celebrará a partir de las once y media del jueves. La convocatoria es nacional.

Son 431 registros civiles principales y más de siete mil juzgados de paz con este servicio que están en peligro, "pues se irían fuera, lo que supone más de 3.500 funcionarios con sus trabajos en peligro por la privatización", apunta Gertrudis Peñalver, de CC OO, sindicato que está dentro de la plataforma convocante, que también integran CSI-F, Staj y UGT.

También señala que esa privatización perjudicará a la sociedad, "pues supondrán pagar por unos servicios que ahora son gratuitos, además de que se pretende crear un Registro Central por provincial, con lo que se aleja el servicio de la ciudadanía". Otro aspecto que resalta es que los trabajadores registros civiles "hemos hecho un esfuerzo en la fase de digitalización, además de asumir los recortes, algo de lo que ahora se aprovecharían los registros de la propiedad".

El Registro Civil de Cartagena, que está adscrito al juzgado de Primera Instancia número 2, cuenta con nueve trabajadores.

La protesta está acompañada por recogida de firmas, que hasta ahora se ha llevado a cabo en los juzgados y que se anuncia que se extenderá a los ciudadanos.

Comisiones Obreras también ha hecho público un comunicado, que reza lo siguiente:

Actualmente existen en España 431 Registros civiles principales, junto a más de 7.000 juzgados de paz con competencias en materia de Registro civil que quieren ser privatizados por el Ministro de Justicia. Estando servidos por unos 3.500 funcionarios de la Administración de Justicia, que van a ver perder sus puestos de trabajo.

La privatización del Registro civil se basa en un presupuesto falso que justifica la misma como la única alternativa posible a los problemas del Registro civil. El problema del Registro civil es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de personal suficiente y medios materiales modernos.

Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación, la experiencia y la capacidad para sostener el Registro civil sin necesidad de privatizarlo.??Las consecuencias para los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia serán nefastas, se destruirá empleo y pasaremos a ser títeres para el Ministerio de Justicia, que ha abierto la puerta para movernos a su capricho, sin respetar nuestros derechos a la conciliación de la vida personal y familiar.

- Con esta medida, el personal funcionario que presta servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados con competencias en materia de registro civil perderá su plaza y serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales.

- No se garantiza, ni siquiera, el mantenimiento de las retribuciones de origen y tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa. Pero esta privatización también tiene serías consecuencias negativas para la sociedad,

- Se produce después de haberse realizado recientemente un importante esfuerzo económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una inversión de unos 128 millones de euros", inversión pública que "ahora se aprovechará" para una gestión privada.

- Con esta privatización se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Y elimina el Registro civil central. Así, la privatización del Registro civil supone el alejamiento efectivo de este servicio de su principal usuario: el ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia y del sentido común.

Además los ciudadanos pagaremos por doble vía: por los aranceles que van a grabar a algunas inscripciones y actos del Registro civil y por impuestos, ya que hasta ahora todo ello era "gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla razón: PORQUE YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS.

- Los datos relativos al estado civil de las personas deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. Esto beneficia, tanto a los interesados como al Estado y a los terceros.

Por tanto, esta privatización va a perjudicar a la mayoría de la población.

- CCOO y el resto de sindicatos representativos en justicia nos oponemos a esta privatización, ya que el Registro Civil es un servicio público y esencial del que no se puede prescindir y su gestión ha de materializarse en prestaciones regulares y continuas que sólo debe pertenecer al Estado por medio de una Administración debidamente estructurada y cualificada para poder prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Por ello, las organizaciones sindicales representativas en justicia, consideramos necesario que sigan estando servidos por los funcionarios de la Administración de Justicia, pues nadie mejor que los funcionarios de la Administración de Justicia para ejercer las funciones propias del Registro Civil, aprovechando la formación y experiencia que tenemos en estos órganos.

Que por el Ministerio de Justicia se haya comprometido a mantener todos los puestos de trabajo, de personal funcionario titular e interino, mediante una disposición en la nueva Ley de Registro civil que se negociará en la mesa sectorial, si bien demuestra que la lucha es útil, no es suficiente.??En este sentido, EXIGIMOS al Ministerio de Justicia:??Que dé marcha atrás en su decisión de entregar los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles, pues significaría la privatización inaceptable de un servicio público prestado por la Administración de Justicia.??Que reconozca expresamente la condición de servicio público esencial de los Registros Civiles y que en los mismos continuarán prestando servicios el personal de la Administración de Justicia. ??Que, en su caso, se garantice en la Ley de los Registros civiles, todos los puestos de trabajo, tanto del personal titular como personal interino, destinado en los Registros Civiles, únicos o compartidos, de toda España.

"Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido"

Sector de Justicia de CCOO Región de Murcia