Las incomparecencias de los dos acusados habían provocado la suspensión en dos ocasiones anteriores del juicio por una curiosa causa, ya que se trataba de un hombre que entró a robar en una vivienda, donde aparecieron armas ilegales, y al que también se le incautaron estupefacientes. Esta vez sí acudió uno de ellos, el ladrón, en concreto, y se ha resuelto la mitad del procedimiento, pues el otro sigue en busca y captura por rebeldía. Youssef aceptó una condena con rebaja de cinco a tres años de cárcel la pena por narcotráfico y de quince meses a seis de trabajos a beneficio de la comunidad por el hurto.

• Anexo. La sentencia.

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Dos hombres entran a robar a una vivienda, siendo descubiertos por el dueño, quien los persigue además de avisar a la Guardia Civil. Cuando llegan los agentes, se hacen cargo de uno de los ladrones que había sido retenido por el propietario de la vivienda, pero el asunto se multiplica con otros dos delitos. Por un lado, había una bolsa con cocaína que Youssef lanzó durante su huída y que dijo haber cogido de la vivienda, lo que negó el propietario. Por su parte, éste se ve involucrado en un asunto de tenencia de armas ilegales por una escopeta que tenía en el sótano cuando la Guardia Civil registra el inmueble al tratarse de un asunto de drogas.

El 24 de septiembre de 2012 se fijó la vista oral en la Audiencia Provincial, en Cartagena, pero Youssef no acude al estar retenido en Melilla y el otro imputado ya es declarado en rebeldía, estando, al parecer, en Uruguay. El 19 de diciembre vuelve a intentarse celebrar el juicio, pero tampoco aparece ninguno. 7 de enero de 2013, tercer intento. Acude el acusado de origen magrebí y se alcanza un acuerdo para una sentencia de conformidad entre Fiscalía y la abogada Ana Sánchez Aliaga, que reduce las penas de cárcel solicitadas en un principio además de rebajar la multa de 9.000 a 3.000 euros. La letrada solicitará que su cliente no entre en prisión para someterse a un tratamiento de desintoxicación, en base al artículo 87.

El rebelde que queda por juzgar se enfrentará, si aparece, a una petición de pena de cinco años por el delito contra la salud pública y nueve meses por la tenencia ilícita de armas, además de una multad de 9.182 euros.