Hace unas fechas salió la noticia de que los jueces de Primera Instancia del Partido Judicial de Murcia habían acordado paralizar los desahucios un mes para que los afectados pudiesen acogerse al nuevo Real Decreto. En Cartagena no se ha abordado aún este asunto, según manifestó a Cartagena de Ley uno de los titulares de las seis salas civiles.

Al respecto a la decisión adoptada por los jueces murcianos, la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas de la Región de Murcia ha emitido un comunicado con el siguiente contenido:

"Consideramos esta medida de los jueces de Murcia como una acción tímida por parte de sus señorías, que hasta el momento, se han limitado a aplicar pura y duramente la ley.

Cabe recordar que el pasado lunes, afectados de toda España y también de Murcia, presentaron una solicitud elaborada por la PAH, y asumida por el Consejo General de la Abogacía, por el cual, y basándonos en el dictamen emitido por la Abogada General de Europa en un procedimiento abierto contra una caja española en el que dicha Abogada General afirma entre otras cosas, que la legislación hipotecaria española es incompatible con los derechos de los consumidores a nivel europeo, por lo que se solicitaba la paralización de todos los procedimientos, no sólo de los desahucios, hasta tanto haya una sentencia en dicho procedimiento, que será vinculante para España.

En este sentido, se ha pronunciado una juez de El Ejido (Almería), que ha decidido suspender todos los procedimientos de ejecución hasta tanto se resuelva la dicha procedimiento abierto en la UE.

Nos sorprende igualmente, el hecho de que sea a partir de ahora cuando van a revisar también las cláusulas abusivas de las hipotecas, ya que ello pone de manifiesto la rutinaria frialdad  con la que han venido tratando las ejecuciones hipotecarias, sin verificar dichas cláusulas hasta ahora, en contraste con el drama que ha venido significando para las familias.

Esperamos de sus señorías que, una vez leídos esos escritos, los acepten y paralicen los procedimientos, hasta que la legislación española se adapte a la europea en esta materia, ya que de lo contrario, pueden infringir daños de difícil reparación a los afectados".