Los ediles cartageneros Cayetano Jaime Moltón y María Rosa Mateo han estado presentes esta mañana en la concentración que el Palacio de Justicia ha acogido para protestar contra la Ley de tasas judiciales. Los concejales, mediante una moción, solicitan al Ayuntamiento que también se muestre contrario a la implantación de esta medida.

Los concejales han entregado a los jurídicos que se ha manifestado esta mañana una copia de la moción que presentará al Pleno del ayuntamiento de Cartagena. Cayetano Jaime Moltó ha declarado que es una ley que pone en riesgo, dada la situación de crisis económica, derechos fundamentales como el Trabajo, Sanidad, Vivienda, Educación o un salario digno y que la oposición a la misma ha sido manifestada por el Defensor del Pueblo, colectivos profesionales de jueces, fiscales y abogados, asociaciones de usuarios y representantes de funcionarios de la administración de Justicia, que la consideran como, posiblemente, inconstitucional. De hecho, el precipitado anuncio de una moratoria de su entrada en vigor no es sino el reconocimiento expreso de las deficiencias formales y materiales observadas, tanto en el contenido de la norma como en la gestión de su tramitación y entrada en vigor.

Que el Ayuntamiento pida al Gobierno de la Nación que se deje sin efecto la nueva ley de tasas judiciales por entender que limitará e impedirá el acceso a la justicia por razones económicas a la mayoría de la población, mermando la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 24.1 de la Constitución Española. Eso es lo que ha pedido, a través de una moción presentada por Cayetano Jaime Moltó para ser debatida en el pleno del próximo lunes, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes.

Asimismo, se pide que desde el Consistorio se exprese la solidaridad con el amplio consenso profesional y político (con la excepción del Gobierno de la Nación) que ha suscitado el rechazo a la norma, señalando la afección a todas las jurisdicciones menos la Penal,  con unos límites de ingresos que se manifiestan como no garantistas para el acceso a la Justicia , y que no abordan el impedimento del doble gravamen que pueden sufrir los administrados al existir tasas de carácter autonómico y no abordar tampoco reformas de carácter organizativo que pudieran aportar racionalización, agilización y optimización al funcionamiento de la Justicia.

Se pide, igualmente, que se exprese el compromiso con el Estado social y democrático de derecho, el carácter de la Justicia como servicio público y no como herramienta recaudatoria que castiga especialmente a sectores ya excesivamente vapuleados por otras medidas del Gobierno y que se recuerde a éste que ya existen mecanismos que hacen posible la sanción a quienes incurren en posibles abusos de tipo procesal, tales como la condena en costas o la declaración de temeridad.