La nueva Ley de Autoridad Docente garantiza protección jurídica y presunción de veracidad al docente, entre otras medidas.

La vicesecretaria General de Sectorial, Estudios y Programas del PP regional, Inmaculada González, ha valorado hoy “muy positivamente” la aprobación de la Ley de Autoridad Docente, una iniciativa que considera “un compromiso personal del presidente Valcárcel y del Partido Popular, puesto que era un objetivo de nuestro programa electoral” y con la que “haremos valer la figura del profesor en respuesta a una demanda de la sociedad murciana, que reconoce el importante papel que éstos juegan”.

Para González, los profesores “constituyen una parte esencial en el proceso de aprendizaje y el desarrollo personal del alumno”, por lo que esta Ley “garantiza la protección jurídica que se deriva de dicha atribución en caso necesario, así como la presunción de veracidad de los hechos que éstos constaten, algo que sólo se reconoce a personas que están investidas de autoridad".

“Por ello, los profesores serán considerados ‘autoridades públicas’ docentes”, ha subrayado, añadiendo que “además se contempla que de los daños que se ocasionen en los centros se hará cargo la familia del alumno en cuestión, que deberá pagarlos si así se estima”.

Según ha explicado, la Ley de Autoridad Docente “no es una cortina de humo, como señala el principal partido de la oposición, en su línea de criticar todo lo que se proponga desde el Partido Popular, sino que responde a una demanda de la sociedad murciana, que reconoce el importante papel de los docentes en nuestra Región, así como a la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas”.

En este sentido, la dirigente ‘popular’ ha destacado que el Anteproyecto de Ley ha sido compartido con toda la comunidad educativa en los diversos foros de participación establecidos, como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores, y finalmente, ha contado con el visto bueno del Consejo Jurídico.

Esta normativa, que González estima “importante para aportar soluciones eficaces y para abrir nuevos espacios a la consideración y protección real del docente”, cuenta con el visto bueno del Consejo Jurídico y será aplicado en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región que imparten enseñanzas no regladas no universitarias, extendiéndose tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.

UPyD apoya la nueva ley pero matiza que es una 'cortina de humo'
El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado que UPyD apoya la Ley de Autoridad del Profesorado, “una medida que nosotros levábamos en nuestro programa electoral”, aunque ha criticado que el Gobierno la promueve ahora como “una cortina de humo” que pretende tapar los recortes que está aplicando en Educación.

Sánchez ha señalado que para conseguir que en los centros educativos y en las aulas se reconozca la autoridad del profesor y se proteja debidamente el derecho a aprender de los alumnos, la Administración ha de dotarle de la condición de autoridad pública. “Así, se transmite a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución”.

Sin embargo, el coordinador regional de UPyD se ha mostrado muy crítico con que el Gobierno regional haya decidido promulgar la Ley ahora, “ya que tiene todo el síntoma de  que se utiliza  para difuminar y pretender disimular los recortes que el Gobierno regional está realizando en Educación”. Entre ellos, ha vuelto a insistir en las medidas que ha adoptado Educación, referente a la sustitución de las bajas por enfermedad del profesorado. “Desde este curso, y así va a continuar para 2013, la Consejería no sustituye las bajas del profesorado durante las primera dos semanas, por lo que durante todo ese tiempo los alumnos deben ser  atendidos por los profesores de guardia en los centros de Secundaria o suprimiendo apoyos en los de Primaria, pero sin que puedan continuar las enseñanzas de las asignaturas con la debida normalidad”.

En lo referente al “enorme retroceso”  del prestigio y respeto social  al profesorado, Sánchez ha subrayado que el presidente Valcárcel y el ministro Wert también han contribuido al mismo, con manifestaciones en las que  apuntaban que las quejas del profesorado por  trabajar de 3 a 5 horas lectivas más, cobrando menos, estaban injustificadas. “Se pide un esfuerzo que no es para morirse, que nadie me cuente milongas”, dijo el presidente murciano al referirse al asunto. O que las protestas del profesorado, por más horas o más alumnos,  eran síntoma de que era un colectivo "que exageraba sus quejas", según Wert. “Expresiones de este tipo también contribuyen a que la autoridad del profesorado se resienta”, ha concluido Sánchez.