Un empresario y el conductor de una furgoneta están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, asunto que surgió cuando la Policía Local de Los Alcázares detectó que una furgoneta llevaba exceso de pasajeros con once personas. La vista oral, que se iba a celebrar esta semana, se suspendió en el juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena por la enfermedad de uno de los abogados de la defensa y está pendiente de fijar nueva fecha.

El asunto sitúa su origen hace cinco años, cuando los agentes hicieron el alto a una furgoneta que llevaba once personas en su interior, cuando el máximo permitido era de once. Como es preceptivo, solicitaron la documentación y se encontraron que, además de que el vehículo carecía de seguro obligatorio, los ocupantes, todos de origen magrebí (salvo el que se encargaba de captar trabajadores, que es de Ecuador), carecían de permisos de residencia y contratos de trabajo. Explicaron que se dirigían a trabajar en una empresa del municipio, donde unos cobraban 4 euros a la hora y otros 150 euros a la semana.

El asunto, tras pasar por el cuartel de la Guardia Civil de Santiago de la Ribera, derivó en un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores, por lo que la fiscal solicita una pena de dos años y seis meses de prisión para el propietario de la empresa y una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios (1.440 euros en total) para el conductor de la furgoneta. Este conductor también se enfrenta a delitos contra la seguridad en el tráfico por ir sin seguro en vigor y con dos ocupantes sentados en el suelo, sin sujección alguna. Rafael Piñana y Juan Carlos Orbañanos son los encargados de llevar la defensa de los acusados, pero la enfermedad del segundo de ellos obligó a suspender la vista oral.