La vista oral por el Crimen de Los Belones concluyó ayer con un sorprendente final, pues no se le entregó el objeto del veredicto al jurado popular, cuyos intregrantes marcharon a sus casas, y tendrán que volver esta semana para recogerlo y deliberar. En esa última sesión, el acusado mostró arrepentimiento y las partes mantuvieron sus peticiones de pena: 25 años (acusación particular), 20 años (abogado del Estado), 19 años (Fiscalía) y 8 años (defensa).

El juicio por la muerte de Leidiyeni, que tuvo lugar en enero de 2011 en Los Belones, a consecuencia de las 68 puñaladas que le propinó Antonio 'El Gitano', acabó ayer tras una semana de sesiones. En ese epílogo, el acusado, en su derecho de ejercer la última palabra, mostró su arrepentimiento, maldiciendo el momento en que cometió el crimen.

Lo normal es que, tras concluir el juicio, 'seguidamente' la magistrada de la sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en la ciudad de Murcia, entregue el objeto del veredicto al jurado popular (cuestionario de hechos sobre el que deben deliberar y que será la base de la sentencia de la jueza). Sin embargo, en esta ocasión no ha sucedido así. Los nueve componentes del jurado y los dos suplentes marcharon a sus domicilios y la jueza ha convocado a fiscal, acusación particular y defensa para el miércoles para entregarles dicho cuestionario que, previsiblemente, el jueves recibirá el jurado, una vez que regresen al inmueble judicial de Murcia.

Ese objeto del veredicto será fundamental para resolver la responsabilidad en esta tragedia, en el que la Fiscalía solicita 19 años de prisión para el acusado, penal que la acusación particular (presentada por el padre de la hija de Leidiyeni y que lleva el abogado unionense Juan José Carrión) y el abogado del Estado elevan a 25 años (incluye el agravante de alevosía) y 20 años, respectivamente, mientras que la defensa, que lleva el unionense Juan Francisco Pérez Avilés, reduce a menos de diez años al presentar como atenuantes el arrepentimiento, la celopatía que sufrió su cliente y a que considera que no hubo ensañamiento, pues la agresión sucedió en escaso tiempo, "no existiendo ánimo de aumentar el dolor de la víctima", dijo el letrado.

Respecto a la indemnización, Fiscalía y abogado del Estado solicitan 180.000 euros y la acusación particular reclama 200.000 euros.

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