La Policía Nacional ha detenido a cuarenta extranjeros por un delito de Falsedad Documental. Los detenidos simulaban relaciones laborales con una empresa de la construcción de Mazarrón.

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Un supuesto defraudador es descubierto por contratar a 300 trabajadores en plena crisis

La Policía Nacional junto con la Inspección Provincial de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), han venido desarrollando desde el pasado mes de mayo, una importante operación contra la tramitación fraudulenta de altas en el sistema de la Seguridad Social.

Fruto de la misma, y como continuación de la denominada 'Operación Alamillo', se ha procedido a la detención de un total de cuarenta ciudadanos extranjeros, todos ellos de nacionalidad marroquí, acusados de un delito de falsedad documental, en relación a la simulación de relaciones laborales con una empresa del sector de la construcción ubicada en Mazarrón.

En el pasado mes de julio, la Policía Nacional procedió a la detención del responsable de la empresa mencionada, un ciudadano español, de 39 años, como presunto responsable de diversos delitos de Fraude a la Seguridad Social y Falsedad Documental. Esta persona, junto con un ciudadano marroquí, de 43 años, con diversos antecedentes policiales por falsedad documental, simularon la contratación de un elevadísimo número de trabajadores durante los dos últimos años.

A finales de 2009, en plena crisis económica y especialmente en el sector del ladrillo, cuando se produjo el incremento desmesurado en la contratación de empleados, dándose la circunstancia que la empresa carecía de actividad tanto laboral como económica, habiendo cesado todas sus  operaciones mercantiles. Pese a todo ello, en el periodo comprendido entre 2010 y 2011 se simuló la contratación de unos trescientos trabajadores, los cuales utilizaron los derechos adquiridos por las altas en la Seguridad Social para diversos fines.

La finalidad principal fue el acceso a prestaciones sociales por desempleo, siendo ficticios los trabajadores dados de alta y posteriormente despedidos,  únicamente durante el tiempo necesario para completar los periodos de cotización exigidos legalmente para el acceso a las mismas. Del mismo modo, en otras ocasiones se pretendía acceder a permisos de residencia, a sus renovaciones o a beneficiarse del derecho a la reagrupación familiar previsto en la Ley de Extranjería.

Es de señalar que muchos de los imputados habrían permanecido residiendo durante los periodos de alta y cobro de prestaciones fuera de España, tanto en sus países de origen como en otros de la Unión Europea.

Tratándose de una empresa del sector de la construcción, durante esos dos años contrató a más de setenta mujeres, significándose del mismo modo que unos cincuenta 'falsos empleados' residían fuera de la provincia de Murcia, algunos en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria o Gerona.

Otra de las artimañas utilizadas era permitir el empadronamiento conjunto de varios trabajadores en algunos domicilios de la provincia de Murcia, si bien éstos realmente se encontraban fuera de la provincia e incluso de España.

De la investigación realizada se desprende que el empresario cobró distintas cantidades de dinero a los extranjeros a cambio de mantenerlos de alta en la Seguridad Social durante los periodos que éstos necesitaban para los fines referidos, sin que los mismos llegasen “en ningún momento” a realizar actividad laboral alguna.

Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se han anulado todos los movimientos de alta y baja de los investigados, habiéndose generado una deuda con la Seguridad Social por impago de cuotas y demás conceptos de recaudación de medio millón de euros. Del mismo modo el SEPE procedió a la extinción/revocación de las prestaciones indebidamente generadas y que se aproximarían al millón de euros.

La operación ha sido desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de Cartagena, contando con la colaboración de la Comisaría General y de la Brigada de Extranjería de Lorca.

La investigación se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas que se vienen efectuando en el marco de colaboración institucional entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Tesorería General de la Seguridad Social,  la Inspección Provincial de Trabajo y el SEPE.