UGT rechaza la subida de tasas judiciales y la instauración de una nueva tasa en el orden laboral, que facilitará la aplicación de la reforma laboral.

Incluimos detalle con el valor de las tasas actuales e incremento de cada proceso con la nueva propuesta.

UGT rechaza la subida de las tasas judiciales en los órdenes civil y contencioso-administrativo y la instauración de nuevas tasas en el orden laboral por ser una medida injusta e incorporar el copago o repago en la Administración de Justicia. Esta medida tiene un claro afán recaudatorio y constituye un ataque al Estado de Bienestar y al principio de tutela judicial efectiva, puesto que disuade a los ciudadanos con rentas inferiores de poder litigar en defensa de sus derechos.

Así, esta propuesta va a generar desigualdades y no mejorará el servicio. Sería necesario un sistema impositivo que dote a los servicios públicos de recursos, técnicos y humanos suficientes que den respuesta, en un tiempo razonable, a las necesidades de los ciudadanos.

El sindicato considera inadmisible que el ciudadano tenga que repagar su derecho a la justicia; primero vía impuestos y luego a través del establecimiento de tasas. Así, un ciudadano que pretenda litigar en el orden civil, por ejemplo un proceso ordinario, deberá desembolsar solamente en tasas unos 2.300 euros (presentación de la demanda 300 euros; recurso de apelación 800 euros; y si recurre en casación ante el Tribunal Supremo, deberá añadir otros 1.200 euros). Todo ello sin contar con los honorarios de Abogado y Procurador, costas, etc.

El Anteproyecto, aprobado por el Gobierno, señala como objetivo de esta reforma “el evitar la litigiosidad arficiosa que satura actualmente los juzgados”. UGT entiende que ninguna litigiosidad es artificiosa, sino que la justicia debe ser capaz de atender todas las pretensiones de todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica.

Por otro lado, el sindicato califica de preocupante la instauración de una tasa en la segunda instancia del orden laboral, máxime desde la reforma laboral impuesta por el Gobierno, que ha provocado un rechazo mayoritario de los ciudadanos, expresado en la Huelga General del 29 de marzo y en las distintas manifestaciones que se han desarrollado. Con la instauración de esta tasa se pretende blindar la nueva regulación, estableciendo una tasa de 500 euros para recurrir las sentencias en suplicación y 750 euros en casación.

UGT defiende que frente a ello, hay alternativas: racionalización de los recursos materiales y personales; extensión del expediente electrónico; impulso en la reforma de la Oficina Judicial, etc.