Escrito por Carlos Illán. Agencia CYA. Miércoles, 22 de febrero de 2012
Es la gran pregunta que tratará de resolver el juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena tras concluir la investigación de la Fiscalía en que existen indicios de responsabilidad municipal en la concesión de la licencia de obras de la urbanización La Cañada, cuyos vecinos sufren inundaciones cada vez que llueve. El entonces concejal de Urbanismo, José Fidel Saura Guerrero (en la imagen), la persona que está en el punto de mira como imputado, declarará el próximo lunes ante el juzgado de Instrucción número 2, dentro de las diligencias previas de un proceso en el que los vecinos, a través del despacho Pérez Avilés-Sánchez Aliaga, se personarán como acusación particular.
La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Así se define el delito que podría haberse producido caso de que se demuestre que la comisión de Gobierno del ayuntamiento de Cartagena concedió la licencia de construcción de viviendas y coches de esta 'urbanización Atlántida' en el año 2003 sabiendo que el complejo residencial se encontraba en una rambla, como indicaba un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Los vecinos comenzaron a denunciar esta situación en septiembre de 2009, pero el problema no se solucionaba. Fue Socialistas Por Cartagena el que inició la vía judiical solicitando una investigación al sospechar de que se había podido incurrir en un delito de Prevaricación. En octubre de 2011, la Fiscalía concluyó las diligencias preliminares estimando que se necesitaba una investigación más profunda, por lo que presentó en el Decanato (para su reparto al juzgado que llevará la causa) la denuncia por un posible delito de prevaricación en este asunto por parte del entonces concejal de Urbanismo, José Fidel Saura, con la finalidad de que iniciar un proceso judicial, solicitando entonces que se llevasen a a cabo varias diligencias, como informó en su momento Cartagena de Ley.
Ahora el asunto entra en su fase decisiva. El daño está más que acreditado, pero falta por definir las responsabilidades.
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