Los retrasos de los pagos en el Turno de Oficio, los intentos de recortar los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos y rebajar "las indignas" retribuciones de los letrados son algunos de los asuntos que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha trasladado al nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una reunión en la que también se abordaron las propuestas de modificación legislativa.

Durante la reunión, se abordaron temas en relación a los objetivos básicos del Gobierno para esta legislatura: reducir el exceso de litigiosidad acumulado en los juzgados y abordar la necesaria modernización de la Justicia.

El primer encuentro mantenido entre el presidente de la Abogacía y el ministro de Justicia ha contado con la presencia del subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo Rivera, la secretaria general del CGAE, Victoria Ortega, y el secretario general técnico del CGAE, Antonio Ruiz-Giménez.

Carnicer ha trasladado al ministro de Justicia las principales reivindicaciones de los abogados y, tras el encuentro, ha constatado su “impresión positiva” y la actitud “muy receptiva” del Ministerio a buscar soluciones dialogadas a las principales preocupaciones de los abogados.

El presidente del CGAE ha invitado al ministro de Justicia a visitar el próximo 23 de febrero la sede de la Abogacía para tener un encuentro con todos los decanos de los Colegios de Abogados españoles, que al día siguiente se reúnen en un Pleno del Consejo.

Carnicer ha trasladado a Ruiz-Gallardón las protestas y reivindicaciones de los abogados del Turno de Oficio ante los reiterados retrasos o impagos -por varias comunidades autónomas- de los servicios realizados; los intentos de recortar, en plena crisis, los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos y de rebajar las ya de por sí indignas retribuciones de los letrados.

El Consejo General de la Abogacía ha reiterado al Ministerio de Justicia su ofrecimiento de plena colaboración para participar en cuantos procesos de reforma permitan adecuar el funcionamiento de la Justicia Gratuita a la actual realidad social, defender los principios y derechos constitucionales, eliminar posibles ineficiencias o abusos y, en suma, mejorar este servicio, esencial para la Justicia y para los ciudadanos.

En relación a la Ley de Acceso, Carnicer ha informado al ministro de Justicia de los trabajos que están desarrollando las Universidades y Colegios de Abogados para tener a punto la nueva formación, que tiene que elevar considerablemente el nivel de Derecho de Defensa prestado a los ciudadanos. El presidente de la Abogacía también se ha interesado por buscar soluciones dialogadas al problema generado en la Disposición Transitoria de la Ley de Acceso que afecta a los estudiantes de los últimos cursos de Derecho y a las dobles licenciaturas.

Otros temas abordados en esta primera reunión están relacionados con la futura Ley de Servicios Profesionales y las medidas para ofrecer soluciones a la elevada litigiosidad en los tribunales y la posibilidad de flexibilizar los procesos judiciales.