¿Fue accidental o una negligencia? Es lo que está tratando de averiguar la investigación abierta de oficio por la jueza de Instrucción número 4 de Cartagena respecto al fallecimiento el pasado 22 de diciembre de Lydia, una joven de 21 años de edad, natural de La Unión y que sufría obesidad mórbida, tras ser operada de unos cálculos en la vesícula en el hospital del Rosell.  Su cuerpo fue trasladado desde el tanatorio donde se le estaba velando para practicarle la autopsia. La familia de la chica, asesorada por el letrado Miguel Ángel Carrasco, en la imagen, espera una resolución judicial, que ahora mismo es una incógnita.

Lydia fue intervenida quirúrgicamente en el Rosell, en una intervención que se complicó. "Entonces informaron a la familia que se había roto un vaso sanguíneo", explica el abogado que asesora a la madre de la chica, quien fue trasladada a la UCI, donde falleció. El certificado de defunción iba firmado por el médico responsable, reflejando que la causa de la muerte fue una hemorragia de sangre por rotura de la arteria iliaca. Un forense del Instituto de Medicina Legal de Cartagena, como es su obligación, analizó el informe y al ver que la causa era una hemorragia y no se había producido una situación violenta, informó a la jueza, quien decidió investigar lo sucedido, incoando diligencias previas.

El cuerpo de Lydia, pese a que se encontraba ya en el tanatorio, fue trasladado para prcticarle la autopsia, que debe decidir si la rotura de esa vena se debió a un grave error médico o a que, debido a la circunstancias físicas de la chica, existiese más porcentaje de posibilidades de dañar esa artería que en otras personas.

"La familia no se enteró de la intervención judicial hasta que fueron al tanatorio a llevarse el cuerpo de Lydia", explica Carrasco, quien confirma que, en base al resultado de los forenses, la familia decidirá si se persona en las actuaciones.