El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo hoy que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. Desde la Región de Murcia, el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, señaló que le parecen "bien" estas medidas, a la espera de conocer qué parámetros se aplican.

"Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos", ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó Montoro en declaraciones a la Cadena Ser.

En posteriores declaraciones a Onda Cero el ministro ha detallado además que la comunidad autónoma o ayuntamiento que no cumpla puede quedar inhabilitada durante algún tiempo.

Se tratará, ha insistido el titular de Hacienda, de trasladar las sanciones que están vigentes en Europa al sistema institucional español, lo que implica en una primera fase un castigo económico en función de la reincidencia y la gravedad y en una segunda la citada inhabilitación.

Además, como se prevé en la gobernanza europea, el estado podría temporalmente hacerse cargo de la gestión del territorio intervenido.

El ministro explicó que un gestor público "no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto" porque si lo hace está falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.

Recordó que los gestores privados tienen que hacer frente a responsabilidades penales si falsean las cuentas de sus empresas, sobre todo si éstas cotizan.

Además, con una medida como este se pretende que haya rigor en la gestión de un gobierno, añadió Montoro, que apuntó que si un ejecutivo quiere gastar más "que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos" y que éstos decidan después en las elecciones si el proceder ha sido el correcto.

"Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables", algo que actualmente supone uno de los graves problemas de España, afirmó el ministro de Hacienda.

En cuanto a la línea de crédito del ICO que está previsto que se ponga en marcha para que las administraciones públicas puedan pagar a sus proveedores, Montoro dijo que el objetivo es que esté lista "en un par de meses".

En posteriores declaraciones el ministro ha precisado que la intervención general del Estado garantizará que los préstamos del ICO vayan destinados a pagar las facturas, y que será cuando una CC AA presente facturas pendientes cuando pueda acceder a estas líneas.