Tres veces han hecho falta para que Berdien F. D. se presentara en la sala de la Audiencia Provincial en Cartagena donde tenía una causa pendiente como acusada de estafar a su ex marido más de 32.000 euros. Esta vez lo ha hecho acompañada por la Guardia Civil, quien acudió a su domicilio para que fuera la definitiva. Se enfrenta a una pena de dos años y seis meses de cárcel.

Según las calificaciones de la fiscalía, Ambos compartían un negocio del cual la acusada era la encargada de ingresar el dinero de los beneficios del local. Tras el acuerdo de divorcio, el 60% de los bienes correspondían para el hombre y el 40 % para ella. La mujer cumplió hasta junio de 2006, y los tres meses posteriores, hasta octubre del mismo año, comenzó a realizar los ingresos en otra cuenta bancaria donde sólo ella era la titular. En total, se enriqueció ilícitamente en 32.490 euros, ya que ingresaba en 100% de los beneficios en su cuenta.

Berdien (en la imagen) ha declarado que ella misma redactó un contrato privado para proteger el negocio tras el divorcio y que las cuentas económicas las siguió haciendo de la misma forma que durante el tiempo que estaban casados, es decir, aseguraban los gastos económicos del local para todo el año en una cuenta común del banco y el dinero restante lo repartían entre ellos como beneficios limpios. Asegura que tuvo una serie de inconvenientes en el banco por lo que tuvo que ingresarlo en su cuenta, “ingresé el dinero en mi cuenta por problemas, tenía razones”, añadió.

Su ex marido, por su parte, ha asegurado que confiaba plenamente en la administración que hacía ella pues “lo había estado haciendo desde siempre y nunca había ningún problema”, hasta que uno de sus socios y él, observaron que no había dinero en la cuenta común del local. Además, señala que ella misma le reconoció que el dinero lo tenía en el banco y que para repartirlo quería “asegurarse de quiénes eran ellos, por lo que les pidió fotocopia de DNI, datos personales y hasta huellas dactilares”, dijo.

En los extractos bancarios donde se puede observar que algunos de los ingresos los hacía ella, la subdirectora de la sucursal ha asegurado que para realizar cualquier ingreso de más de 1.000 ó 3.000 euros, les obligaban a pedir la identificación personal para evitar cualquier tipo de fraude, por lo que el dinero lo ingresaba la persona que figuraba.

La Fiscalía, al igual que la acusación particular, ha solicitado una sentencia condenatoria al considerar que están acreditados los hechos, además, según el Fiscal, la acusada ha tenido serias contradicciones en su declaración. La acusación particular, llevada a cabo por Antonio Sánchez de Bustamante, tras modificar sus conclusiones, considera que la acusada realizó los hechos con ánimo de lucrarse y solicita además, el abono de las costas.

El abogado de oficio de la defensa, representada por Julián Sanz, solicita la libre absolución alegando que el dinero que ingresó en la cuenta era el 40% de las ganancias, es decir, la parte que le correspondía.