La Audiencia Provincial considera que no ha quedado bien aclarado un supuesto delito de cohecho (consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una contraprestación a cambio de realizar u omitir un acto relacionado con su función) y ha ordenado, atendiendo el recurso de la Fiscalía, reabrir el asunto, que fue cerrado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, al considerar que no se ha probado que exigiera la entrega de dinero al empresario Facundo Armero, que siguió como imputado en este proceso.

• Anexo. El auto judicial.

La Audiencia ha estimado el recurso de la Fiscalía, que consideraba la competencia de la instrucción por observar "indicios de criminalidad suficientes para la continuidad del procedimiento". El tribunal indica que la jueza de San Javier no aclara en su auto cuáles "son las contradicciones que observa en la declaración del testigo directo de la entrega del sobre y las aclaraciones de la imputada y los demás testigos, que dan justificación a la entrega de dicho sobre".

Para el tribunal existe "una ausencia de explicación clara sobre la canalización del dinero de la venta de entradas para los toros y su reflejo en la contabilidad de la intervención municipal" y que "en modo alguno corroboran la versión ofrecida por la imputada, ya que hablan en términos hipotéticos, sin recordar lo que se hizo con el dinero entregado, por lo que se debe considerar, como hace el fiscal, que existen suficientes indicios para continuar con el procedimiento", sentenciando que está justificada "la continuación de la causa".

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