La Fiscalía ha considerado que es necesaria una investigación judicial para aclarar si estuvo bien concedida la licencia para levantar las 23 viviendas de la urbanización La Cañada, en La Aljorra, cuyos vecinos sufren inundaciones cada vez que llueve y cuya supuesta irregularidad fue denunciada ante los juzgados por Socialistas Por Cartagena. Además, en los próximos días, los vecinos del complejo residencial van a celebrar una junta extraordinaria para decidir si ejercen la acusación particular en este asunto.

Un grupo de veintitrés vecinos que residen en la urbanización La Cañada de Plaza Moreno, en La Aljorra, viven una pesadilla cada vez que llueve "porque resulta que nuestra casas se construyeron por donde pasa la rambla", expresan. Tras la desagradable sorpresa, comenzaron a protestar con escritos al ayuntamiento de Cartagena y con pancartas. "Comprar una vivienda en una urbanización de reciente construcción, con todo el esfuerzo económico que conlleva, y descubrir que está dentro de una rambla es una experiencia que no le deseamos a nadie", dicen quienes se instalaron en esta 'atlántida' en septiembre de 2009.

Socialistas Por Cartagena, a través de su secretario general, Juan Luis Martínez, y atendiendo las quejas de los vecinos, presentó un escrito ante la Fiscalía de Área para que investigase si la licencia de obras concedida por el ayuntamiento en febrero de 2003 para la construcción de La Cañada fue correcta, ya que se encuentra en una zona de la rambla del Pericón, potencialmente inundable, al igual que sucede con el colegio de La Aljorra.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Segura
En estos últimos meses han declarado ante la fiscal-jefe, Verónica Celdrán, el denunciante (Juan Luis Martínez), el presidente de la comunidad de vecinos y representantes del ayuntamiento. Además, SPCT aportó el documento de la Confederación Hidrográfica del Segura que refleja que son terrenos susceptiblemente de ser inundados.

El ex edil de Urbanismo, en el punto de mira

Las lluvias brillan por su ausencia en el presente año, pero los vecinos siguen ansiosos porque se resuelva un problema que en cualquier momento puede reaparecer. La Fiscalía de Área ha concluido las diligencias preliminares estimando que se necesita una investigación más profunda, por lo que ha presentado en el Decanato (para su reparto al juzgado que llevará la causa) la denuncia por un posible delito de prevaricación en este asunto por parte del entonces concejal de Urbanismo, José Fidel Saura, con la finalidad de que iniciar un proceso judicial, para el que ya ha solicitado que se lleven a cabo varias diligencias.

El daño está más que acreditado y ahora falta por aclarar las responsabilidades.

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