Diego Martínez, a quien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón en su reclamación contra los ruídos de una discoteca en Cabo de Palos, puso hace un par de años otra demanda por un delito ecológico en un juzgado de Instrucción de Cartagena, que está pendiente de calificación por la Fiscalía. Reclama daños causados por el ruído en el sistema nervioso de su hija, su esposa y en él mismo.