Jueves, Julio 04, 2024
   
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Europa condena al Estado español por la denuncia contra el ruido de una discoteca de Cabo de Palos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se ha pronunciado hoy sobre la demanda contra una discoteca de Cabo de Palos que presentó Diego Martínez, un vecino a quien ha dado la razón el tribunal, que obliga al ayuntamiento de Cartagena a adoptar medidas que protejan a esta persona de una contaminación acústica excesiva y condena al Estado español a pagarle 15.000 euros por los gastos del procedimiento judicial, que se inició hace una década y que ha llevado el abogado José Luis Mazón.



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La denuncia por el ruido de una discoteca de Cabo de Palos llega a Estrasburgo


La queja de esta familia, que reside en Cabo de Palos, surge en el año 2000 contra la terraza de una discoteca en dicha zona, a unos diez metros de la vivienda. El demandante alegó que el exceso de ruido provocaba que su hija, menor de edad, sufriese ansiedad e insomnio y que todos los miembros de la familia estuviesen en tratamiento médico.

El local contaba con la licencia del ayuntamiento de Cartagena, pese a los informes desfavorables por el exceso de decibelios de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y el Seprona. El ciudadano recurrió, con informes médicos, a los tribunales de Justicia, consiguiendo una sentencia favorable del juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, cuyo titular era el recordado Eduardo Sansano, fallecido hace unos años. Sin embargo, las instancias superiores revocaron ese fallo y avalaron el cumplimiento de la normativa municipal, pero no el daño que les provocaba. Incluso, la sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia avaló la legalidad de la terraza y el Tribunal Constitucional rechazó su recurso alegando que carecía de contenido, pero siguió adelante y en enero de 2010 alcanzó el Tribunal Europeo, que ahora se ha pronunciado.

La Corte de Estrasburgo considera que se ha violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y reprocha al ayuntamiento de Cartagena y al TSJRM que ignorasen los informes técnicos sobre los decibelios alcanzado por el ruido.




 

 

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