La jueza del jugador de Primera Instrucción número 1 de Cartagena, en funciones de guardia, ha fijado el ingreso en prisión, con fianza de 4.000 euros, para un hombre de Fuente Álamo acusado de detención ilegal de dos mujeres que ejercían la prostitución en una granja de su propiedad. Según el acusado, las dos mujeres se estaban peleando y decidió encerrarlas en una habitación hasta que llegasen los agentes policiales. También hay imputada una camarera, que ha quedado en libertad con cargos. Juana Salinas y César Delicado son los abogados que defienden a los dos acusados.

La Guardia Civil arrestó el pasado viernes a un hombre, de 65 años de edad, por retener contra su voluntad a dos mujeres en una habitación contra su voluntad. Las versiones son diversas sobre este asunto, pues, según la Delegación del Gobierno, se produjo una pelea dentro de la granja, que el hombre utilizaba como prostíbulo clandestino los fines de semana. Entonces, le dijo a una mujer que mediara en ese conflicto entre los dos clientes, pero ésta se negó y la encerró. En un despiste, la mujer pudo alertar a la Guardia Civil,

Por la otra parte se indica que la pelea fue entre dos prostitutas y que, visto el cariz que tomaba la situación, pues una llegó a coger un cuchillo, el hombre decidió encerrarlas hasta la llegada de la Benemérita.

Después, el hombre culpó a una camarera de origen húngaro, de ser la que llevaba el local y lo alquilaba (no existen contratos ni recibos algunos), por lo que esta mujer también ha sido imputada por un supuesto delito relacionado con la prostitución ilegal.

Esta detenida ha quedado en libertad con cargos, mientras que al hombre se le ha fijado una fianza de 4.000 euros y se le imputan los delitos de detención ilegal y contra la prostitución ilegal.

Alegan que las mujeres ejercían libremente la prostitución en la granja y pagan 5 euros al propietario por cada servicio.

Ahora se investigan el asunto del supuesto secuestro y el de un local de prostitución con escasas condiciones de salubridad y donde también podría existir un delito de explotación sexual y laboral de las trabajadoras.