El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anuncia que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal supondrá una reforma integral del proceso penal "y nos ubicará a la altura de los países de nuestro entorno". Considera que esa reforma es imprescindible "porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 es hoy difícilmente reconocible" y que la reforma supondrá acotar la fase de investigación y poner fin a la palabra 'imputado'.

Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), preguntó ayer en el pleno del Congreso de los Diputados:

¿Qué medidas de carácter legal piensa adoptar el Gobierno, considerando que resulta improbable que se pueda aprobar en el tiempo que queda de legislatura una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar los actos de instrucción declarados secretos por el juez?

La respuesta del ministro Francisco Caamaño fue la siguiente:

“La reforma integral del proceso penal es absolutamente imprescindible. Después de 65 modificaciones, 47 de ellas posteriores a la Constitución de 1978, el modelo procesal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 es hoy difícilmente reconocible. Junto a los aspectos innovados por las reformas, subsisten normas en desuso y otras de discutible vigencia, además de resultar insuficiente para atender las actuales necesidades de la justicia penal. 

Convencidos de que ha llegado el momento de poner fin a esa sucesión de reformas parciales que no dan solución a los problemas y que agravan las carencias de diseño estructural que arrastra el sistema vigente, en el año 2010, se constituyó en el Ministerio un Grupo de Trabajo con el encargo de elaborar una primera propuesta consolidada con la que iniciar el camino hacia un nuevo proceso penal.

Se trataba de articular un modelo ágil que nos dotase de herramientas procesales a la altura de los países de nuestro entorno, lo que significa elaborar una nueva ley que implicase la plena y definitiva implantación del principio acusatorio.

Una ley en la que se acote la fase de investigación  y en la que se ponga fin a la palabra “imputado”. 

Una ley que incorpore, por primera vez, un estatuto jurídico de los derechos de las víctimas. 

Una ley que regule con  precisión los derechos de las personas, contemplando todas las garantías constitucionales y dando seguridad a los profesionales que ejercen el derecho de defensa. 

Una ley que articule un sistema íntegro en el que el secreto de las actuaciones  resulte respetuoso con los derechos de los investigados y que, a su vez, sea compatible con la libertad de información imprescindible en toda sociedad democrática. 

Una ley que reconozca de forma inequívoca el derecho a la doble instancia penal, y que nos sirva también para articular una organización más eficiente de nuestra jurisdicción penal.

Pues bien, puedo anunciarle que el trabajo está muy avanzado, que contamos ya con un texto preparatorio que responde a todos esos objetivos, que lo estamos estudiando y perfilando y que, deseamos que todo este trabajo culmine muy pronto con la presentación del primer anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de la democracia”.