Los acusados de intentar introducir en España hace siete meses 60,12 kilos de droga en un yate, que fue interceptado en las costas cartageneras, aseguran que estaban pescando, que no transportaban droga y que cuando los servicios de Vigilancia Aduanera los interceptaron “los acosaron a golpes” con su embarcación y tuvieron que pedir socorro con bengalas porque se hundían. Esa versión es totalmente contraria a la de los funcionarios de Aduanas, quienes aseguran que vieron los fardos de droga y que fue este barco quien les embistió. Tras más de tres horas de juicio, cada uno de los cuatro acusados se enfrenta a cuatro años de prisión y a una multa de 100.000 euros.

Dos marroquíes, un holandés y un español se reunieron en el puerto marroquí de Saidea con intención de pescar y llegaron, tras varias horas de navegación hasta las costas de Cabo de Palos. Para ello, alquilaron una embarcación para pesca de gran altura y partieron, sin rumbo aparente, llegando hasta la zona de Cartagena el pasado 27 de octubre. Ninguno de ellos se conocía de antes, salvo los dos marroquíes, que eran amigos y compartían afición. Éste es el relato que han expuesto esta mañana en la sala de la Audiencia durante sus declaraciones.

Uno de ellos declaró que escuchó que tenían intención de llegar a Gerona y otro que estaban a punto de volverse al puerto de origen ya que no consiguieron pescar nada. En la embarcación, según los acusados, transportaban varios tipos de cañas.

Todo lo contrario que han declarado los tripulantes del servicio de Vigilancia Aduanera de Cartagena, que aseguraron que vieron bastantes fardos de droga en la embarcación y que, tras considerar la embarcación como sospechosa, se dirigieron hacia ella.

Una vez que se acercaron, según los funcionarios, los acusados embistieron a golpes contra ellos y según los acusados, fue al revés. En ese momento intervino un helicóptero que trabajaba como servicio de apoyo.

El yate ‘pesquero’ a raíz de los golpes que tuvo contra la embarcación de Aduanas comenzó a inundarse, por lo que, según los acusados, comenzaron a lanzar bengalas para pedir socorro, al no saber que la embarcación que les seguía podía ayudarles y pensaban que iban contra ellos. De esta forma que los acusados, al temer por su vida se acercaron a un barco mercante que se encontraba cerca, para obtener un punto de apoyo, mientras que los de Aduanas solicitaron ayuda de otra embarcación y obtuvieron el permiso para subir al mercante y proceder a la detención de los acusados, frustrando su intento de fuga.

Durante este tiempo, según los tripulantes de Aduanas, los acusados procedieron a tirar los fardos al agua, siendo conscientes de que, si recuperaban alguno de los paquetes de droga, al estar mezclados con agua, la pureza de la misma disminuye. De todos los que tiraron, entre 40 y 50, pudieron recuperar dos de ellos, que fueron los que analizaron y dieron como resultado que podría tratarse de resina de cannabis.

La sustancia intervenida tendría un valor en el mercado de 85.597 euros y los acusados estaban de acuerdo para su entrega a terceras personas, según la calificación fiscal.

Los abogados de la defensa, Ramón Martínez y Francisco Miguel Galiano, solicitan la absolución de los acusados, al no quedar acreditado que transportaran ellos la droga. Además, alegan que una de las pruebas irrefutables hubiera sido una grabación del servicio de Aduanas que no ha sido solicitada y tampoco les han concedido la suspensión del juicio para conseguir dicha cinta, por lo que consideran no existe ningún elemento objetivo para culparles. A su vez, solicitan la atenuante de drogadicción de dos de los acusados, lo que pudo disminuir sus capacidades. Otro de los puntos que han señalado es que el juicio no se debería haber celebrado en la Audiencia Provincial, si no en la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que la embarcación se encontraba en aguas internacionales, y según el artículo 65 de la Ley Orgánica, así lo dice. Por el contra, el Fiscal alega que la embarcación tenía matrícula y bandera española, por lo que entonces se está juzgando correctamente.

La Fiscalía solicita 4 años de prisión para cada uno de ellos y una indemnización de 100.000 euros y para Jorge C. M., le incluye el agravante de reincidencia por hechos. Asegura que los acusados sabían que transportaban droga y que al mojarse podía perder calidad.

Juzgado: Sección Quinta de la Audiencia Provincial en Cartagena. Tribunal formado por Miguel Ángel de Larrosa, Matías Soria y Fernando Fernández-Espinar.

Delito: Contra la Salud Pública.

Acusados: Jorge C. M., con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, Johannes B., con antecedentes penales no computables, Azzidene A., cuya situación administrativa en el país se desconoce y Mustapha Z., sin antecedentes penales.

Petición de pena: Cuatro años de prisión para cada uno de ellos y una multa de 100.000 euros. No cabe la posibilidad de expulsión del territorio español. Los abogados defensores solicitan la absolución, y, en su defecto, que se aplique la atenuante por drogadicción.