Un hombre se enfrenta, en el juzgado de Lo Penal nº 1 de Cartagena, a una pena de prisión de dos años y seis meses más el pago de unos novecientos mil euros como supuesto autor de un fraude a Hacienda Pública cometido en el año 2002. El juicio tuvo que aplazarse al no comparecer el imputado y se ha fijado la fecha del 14 de junio para su celebración.

Los hechos suceden en 2002, cuando el acusado, Francisco J. V. M., constituye una mercantil para la construcción de viviendas, entre otras actividades, y presentó la declaración anual de operaciones con terceros del año 2003, consignando como importe total 1.603.756,36 euros. Sin embargo, esta persona no presentó ni las declaraciones trimestrales ni el resumen anual del IVA del 2003.

Para la determinación de la cuantía defraudada, la Inspección Tributaria no ha podido contar con los libros de contabilidad o fiscales de la entidad en cuya gestión se ha defraudado, pues ni su administrador ni ninguna otra persona ha atendido a los requerimientos que se han producido. Por todo ello, se ha utilizado la información efectuada por las personas y entidades que contrataron los servicios de la sociedad y que habían mantenido operaciones superiores a 3.005,06 euros, y así habían declarado en el modelo 347 de declaración anual de relaciones con terceros. Esta circularización se extendió a ocho empresas y a una persona física. Con esa información, Hacienda calculó la base imponible del IVA y el importe de las supuestas cuotas defraudadas por el acusado.

Se trata de un delito contra la Hacienda Pública y la Fiscalía pide al juez de Instrucción número 4 de Cartagena, Javier de la Torre, que a Francisco J. V. M. se le imponga una pena de dos años y seis meses de prisión, el pago de una multa de 637.835,85 euros y la pérdida de la posibilidad para obtener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 4 años y 6 meses. Además, le piden que abone a la Hacienda Pública la cantidad de 212.611 euros.

La defensa del acusado, llevada a cabo por el letrado Emilio Cerezuela del Castillo, pide la libre absolución del acusado al estimar que no son ciertas las acusaciones. La vista, que se iba a celebrar esta semana, tuvo que suspenderse por no presentarse el acusado por motivos que se desconocen. La nueva fecha se ha fijado para el 14 de junio.