"¿Cómo es posible que una empresa que debe más de cien millones de euros no pague y no pase nada? Esperamos que los juzgados hagan algo y no le dejen irse de rositas". Son palabras de Luis Gutiérrez Carmona, el presidente de la Asociación de Ex trabajadores de Española del Zinc SA, colectivo que anuncia que, una vez que acaben las reclamaciones que están llevando a cabo los trabajadores por la vía laboral, presentará una demanda penal contra esta empresa para pedir responsabilidades al consejo de administración.

Deudas y deudas, todas millonarias y cada vez de mayor volumen, pese a haber llevado a cabo el proceso de Ley Concursal (antiguo concurso de acreedores). Valga como ejemplo que la empresa no se presentó al juicio en el que los ex trabajadores reclamaban el reconocimiento de cien días de indemnización por año trabajado, por lo que un montante de 24 millones se transformó en 45. Así, un concurso de acreedores que comenzó girando por una deuda de 45 millones de pesetas para está cerca de setenta, según informa el presidente de los ex trabajadores de Zincsa. "Observamos un comportamiento muy 'pasota' de los administradores actuales de la empresa, que no acabamos de entender", expresa.

Las salas de Lo Social de Cartagena tienen en sus agendas, de forma habitual, juicio de reclamaciones de los trabajadores hacia la empresa y hacia el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Valga como ejemplo las 36 demandas de salarios de tramitación que Lo Social número 1 abordó el pasado 24 de enero. Casi todas las sentencias son favorables a los trabajadores, pero éstos siguen sin cobrar.

Hay algunas sentencias de febrero de 2010 todavía pendientes de ejecutar, que es el siguiente paso una vez que los jueces les dan la razón y la empresa no paga voluntariamente. La cuestión es que al final acaban en el Fondo de Garantía Salarial "donde nos dará un máximo de 20 días de indemnización por año trabajado y realmente sólo podremos cobrar entre el 10 y el 20% de lo que nos deben", dice Luis Gutiérrez, añadiendo que les hace ilusión poder "cobrar algo", lo que todavía no han hecho.

El colectivo de trabajadores también informa que hace unos días se declaró la insolvencia técnica de la empresa y que los juicios contra la empresa por la vía laboral concluirán en mayo. "Estamos dispuestos a meter una demanda penal contra la empresa para que la Fiscalía investigue si hubo fraude, si se vendieron bien los terrenos... y, sobre todo, porque no queremos que una empresa que debe más de cien millones de euros se quede sin pagar y se vaya de rositas". También informa Gutiérrez que la nueva Ley de lo Mercantil ya prevée que los fiscales investigarán todos los cierres de empresas para evitar fraudes.

Insiste que pedirán responsabilidades al consejo de administración "porque bastante perjuicio han ocasionado ya" y recuerda que el dinero de las indemnizaciones a los trabajadores se podrá comprar si alguien compra los antiguos terrenos de Zincsa en Torreciega (Cartagena).

Situación de los trabajadores
El cierre de la empresa dejó sin trabajo a 248 personas, de las que 28 se han jubilado o prejubilado por ser mayores de 55 años y 70 están colocados en otras empresas, pro lo que quedan 150 actualmente en el desempleo.