Objetivo ‘papel cero’. Así se viene proclamando desde hace un tiempo en las administraciones públicas. La realidad parece otra, pues leemos que el gasto en papel en las oficinas públicas de Andalucía en los últimos tres años ha sido de 204.700 euros. En nuestra Región no se han hecho públicas las cifras de consumo, pero no me extrañaría que el gastos también haya sido importante. 

Lo que parece suceder es que son pocos los que se fían de las seguridad de archivo de los sistemas digitales y en lugar de ‘papel cero’ se opta por tener una copia en digital y otra en papel. Así, lo que se hace es sumar mientras (aparentemente) se resta.

Es cierto que hay casos en los que se ha ido a buscar archivos en DVD y discos duros de hace tres o cuatro años y resultan que dan muchos problemas, siendo más cómodo buscar la carpeta física. Lo que habrá que hacer es buscar fiables acumuladores de información digitales. Así de fácil. Si existen, adelante. De no ser así, el ‘papel cero’ que espere. Sólo faltaría que algún ciudadano resulte perjudicado por un ‘papelico’ o un icono que falta.

Sí me parece que se ha avanzado hacia atrás en algunos aspectos, como las famosas facturas electrónicas. Una cosa es la teoría y otra la práctica. Muchos proveedores tiemblan cuando la tienen que enviar a la administración de turno, pues necesitan personas especializadas para llevar a cabo la operación por internet. Y todo para que al final el resultado sea enviar el dinero a una cuenta bancaria del titular de la factura. Es decir, lo de toda la vida (ambas partes llegan a un acuerdo, lo plasma y después uno envía la factura y otro la paga con una transferencia), pero con mucha parafernalia. Cuando se envía la factura, es la administración la que debe dar a nivel interno el visto bueno al pago, pero todo ese proceso no debe suponer participación del emisor, que ya ha prestado su servicio. Ahora no sucede así. Es el sentir general de muchos empresarios. Así lo tengo entendido, pero lo mismo resulta que estoy equivocado y todo está ‘ferpecto’.

Para atender una urgencia, no me gustaría que un médico que lleva más de doce horas de trabajo fuese el que atendiese a un ser querido (entre los que me incluyo, pues también me tengo afecto). El motivo es obvio, su frescura mental no sería la misma y el acierto en el diagnóstico tiene mayor riesgo de error. Por la misma regla de tres, tampoco me gustaría que un asunto judicial de familia tuviese que ser resuelto por un juzgado muy sobrecargado que resuelve al 250 por ciento. El motivo es obvio, la calidad en las sentencias podría verse dañada.

El último día del año 2018 se estrenó el segundo juzgado de Familia del Partido Judicial de Cartagena. "Este juzgado lleva un volumen de entradas del 200% y está resolviendo al 250%", dijo el presidente del TSJRM, Miguel Pasqual de Riquelme, esa mañana referente a la que hasta entonces era la única sala de esta especialidad. En este terreno, también mucho de lo que digo se puede aplicar a los juzgados de San Javier, que tienen ese 'honor' de acoger a las salas más sobrecargadas de España.

Los jueces aplican la ley, pero es evidente que son personas y que el factor humano (y su capacidad) afecta a sus resoluciones. Si además, junto a la complejidad de cada asunto, metemos en el cóctel la premura de pronunciarse sobre asuntos urgentes y el afán por reducir unas carpetas que se acumulaban, la calidad en los fallos judiciales no puede ser la misma que si se hace desde la teórica tranquilidad. Reconozco que  a veces parece un callejón sin salida al ser muy complicado que coincidan urgencia con calidad. 

¿Quiénes son al final los perjudicados?, pregunto y me respondo: los ciudadanos. Unas veces por la urgencia (en familia hay cuestiones que no se pueden ni deben demorar) y otras por soltar lastre (archivar con ligereza), el caso es que estoy convencido de que el margen de error ha supuesto perjuicios para unas u otras partes (unas veces por asuntos sentimentales y otras, de índole económico). Como es normal, esas situaciones han alimentado el desencanto hacia el sistema judicial de los que están convencidos (conocemos a algunos) de que no han recibido una justicia como tal.

Faltan instalaciones, faltan jueces, faltan... Unos hacen todo lo que pueden y otros no hace todo lo que podrían. Es la sensación que me da en referencia a las instituciones y a nuestros políticos. La cuestión es que una justicia de calidad es lo que merece el ciudadano de a pie, pero lo mismo  estoy equivocado en todo esto que planteo y resulta que todo está 'ferpecto'.