La mejora de nuestro sistema educativo es incuestionable, los informes internacionales y estatales ofrecen una información suficiente para iniciar un debate serio y riguroso, sin embargo la mayoría de los políticos no sienten esa presión. Si revisamos las hemerotecas comprobamos que la educación no aparece como una prioridad política, social o mediática, de los españoles, la mayoría de padres entienden que sus expectativas se cumplen cuando consiguen la plaza escolar en el centro que desean. Esta falta de presión popular no exime a la clase política de la obligación de alcanzar el tan cacareado pacto educativo. Un pacto que hay que decir, sin demagogia alguna, resulta muy difícil porque el sesgo ideológico parece inevitable, incluso más en una composición plural parlamentaria como la actual con propuestas antagónicas de alcance.

Afianzar un sistema educativo competitivo en el marco internacional, propio del siglo XXI, requiere modificar el art. 27 de la Constitución Española, porque coexisten planeamientos ideológicos contrapuestos: por una parte, la libertad de creación de centros, la percepción de ayuda a los mismos, el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral que deseen, y por la otra el derecho a la educación y el carácter de obligatoria y gratuita de la enseñanza básica. Fruto de esta puerta giratoria abierta, unas leyes educativas han potenciado la escuela pública como servicio público y otras la reprivatización del sistema educativo.

El currículo debe ser racional, para conseguirlo resulta necesario denunciar los acuerdos con la Santa Sede, por los cuales los alumnos, o los padres si estos son menores de edad, tienen el derecho a que se les imparta la asignatura de Religión diseñada por la jerarquía eclesiástica, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales que conforman el currículo por profesores propuestos por el Ordinario diocesano. De una manera similar el resto de confesiones que tienen acuerdo con el Estado pueden establecer su propio currículo, formando una torre de babel en la que se permiten contenidos distintos y en algunos casos contrarios a la ética, la razón y a las leyes

Otro factor a tener en cuenta es que con la normativa constitucional actual carece de sentido hablar de currículo básico y de su desarrollo, en el caso de que interese. El Estado, a través de la Alta Inspección, ni tiene los recursos ni la intención -es un órgano politizado- para cumplir este cometido. Además las CCAA a través de los Estatutos de Autonomía pueden aprobar leyes orgánicas (art. 81 CE) y dado el carácter de las mismas pueden regular aspectos que el Estado califica como básicos. El Tribunal Constitucional considera que estas regulaciones son posibles porque suponen el ejercicio de competencias compartidas, entre el Estado y las CCAA. Por ello, resulta a veces más difícil decidir las materias que debe cursar o no un alumno cuando se traslada de una Comunidad Autónoma a otra que cuando viene de otro país. El Estado de las autonomías, de acuerdo al art.149 de la CE, tiende a garantizar la libertad pero no la igualdad. Estas razones indican que el consenso en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación es la clave para garantizar el cumplimiento de un pacto educativo.

Otro factor es el conservadurismo del propio derecho europeo. La U.E. ha incorporado a su derecho, desde el derecho alemán, “el principio de confianza legítima”: que es la reposición de los daños que pueda producir el cambio sorpresivo de la legislación. Este principio propició que se publicara la LOMCE como una modificación de la LOE y no como una ley propia y puede dificultar el trámite de una nueva ley.

Por último, el pacto educativo debería abordar al menos cuatro capítulos: los factores de calidad educativa que se consideran esenciales, alcanzar los objetivos de la UE, garantizar la autonomía y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en los centros y establecer medidas de equidad eficaces para garantizar la atención adecuada a la población escolar más necesitada.

"Todos los meses, tras la celebración del pleno municipal, quedo tan abatida, tan tocada, que necesito algunos días para reaccionar. Me gusta explicaros no sólo lo que se ha llevado al pleno con las iniciativas que han salido adelante y las que no, sino también me gusta expresaros mi sentir personal, mi impresión de lo ocurrido en la sala de plenos del Ayuntamiento de Cartagena. Lo ocurrido el jueves pasado en el pleno se podría catalogar como ‘espectáculo lamentable’, pero yo lo valoro con la palabra ‘circo’. Sí, vecinos y vecinas, lo que allí se representa es una auténtica función de circo donde actúan todos los personajes ajustados a su papel. Desde que el maestro de ceremonias presenta el espectáculo cada uno y cada una de los presentes ejecuta con maestría lo ensayado, incluido el propio maestro, el cual nos deleita con sus dotes de monologuista graciosillo.

Tenemos malabaristas con fuego, trapecistas sin red, payasos el listo y el bobo, domadores castigadores, jinetes a lomos de sus caballos, encantadoras de serpientes, y por supuesto leones, sin leones no hay función. Enseguida los identificas y quedas totalmente abducido por lo bien que intercalan y encajan sus números, lo hacen a la perfección. Pero las necesidades de un municipio que tiene un 22% de parados, y casi un 38% de la población en riesgo de pobreza no son parte de un guión que ya se sabe de antemano que terminará con la consabida frase "este gobierno ya está en ello".

A veces me pregunto: ¿para qué está la oposición en esta corporación? Hay que recordarle al maestro de ceremonias y a su esmerada ayudante, que estamos en esta función porque los espectadores así lo han querido y que sin esos espectadores ellos no serían nada, no podrían lucir su talento tan concienzudamente trabajado. La oposición está aquí para proponer iniciativas al gobierno, para mejorar la vida de las personas y su entorno, y también para controlar que todo marche bien, para que no se cometan irregularidades con el dinero público, para que exista transparencia en la gestión pública, y sobre todo para asegurar la participación de la sociedad en la institución.

Tras poneros en situación paso a relataros lo acontecido en la última función representada en nuestro pleno, que aunque no quedo muy lucida, sí que dejó claro en que lugar se posiciona cada uno y cada una...

Además de la reprobación de la vicealcaldesa y de una propuesta consensuada para mejorar la seguridad en La Aljorra, quiero destacar algunas iniciativas conjuntas que se aprobaron en este pasado Pleno de marzo: mociones como la del pleno funcionamiento del Hospital del Rosell; la oposición a la implantación del Distrito único en Cartagena; el rechazo al acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía en materia de refugiados y la petición a la CARM para que colabore económicamente con los comedores escolares del municipio durante julio y agosto.

Pedimos en ese mismo Pleno que se constituya urgentemente la Mesa de Trabajo para solucionar los problemas de contaminación en el Valle de Escombreras y en Alumbres. Una mesa que fue aprobada por todos los grupos en el mes de agosto y que todavía no se ha constituido, a pesar de los graves episodios de contaminación que siguen afectando a los vecinos de la zona. Además de la Mesa de trabajo le preguntamos al Gobierno por las 16 medidas restantes que se aprobaron, de las cuales no tenemos ninguna noticia... Estas medidas no sólo son reclamadas por los vecinos sino que además muchas de ellas figuran en el programa electoral de PSOE y MC. A falta de argumentos, el concejal de Medio Ambiente nos respondió tratándonos de demagogos, poniendo en duda que nuestro grupo esté trabajando con los vecinos y asegurando con rotundidad que la "calidad del aire es infinitamente mejor que antes"... ¿A qué antes se refiere? ¿Al antes de su gobierno o al “antes” de hace 20 años?... y lo que es más importante, ¿de dónde saca esas conclusiones? ¿Acaso no lee la prensa, no habla con los vecinos, no lee los numerosos informes de las asociaciones ecologistas, no escucha a los médicos de la zona? Cualquiera que pase por Alumbres puede notar inmediatamente que el aire que se respira no es normal, y las administraciones tienen que dar respuesta a ese problema. Pero seguimos tirando balones fuera.

En el pleno también solicitamos que se constituya el gabinete técnico para rehacer democráticamente el PGMO, tratando de subsanar todos los defectos y las alegaciones que en su momento presentaron numerosos colectivos de la ciudad y no fueron tenidas en cuenta. El Gobierno nos respondió que lo harán, pero después de que el TS sentencie sobre él. De esta manera tendremos que esperar bastante tiempo para rehacerlo, sabiendo que la sentencia seguramente será negativa y el Plan se anulará, ya que contiene numerosas irregularidades. Si el Gobierno sigue en esta línea, lo más probable es que dentro de un año y medio o más volvamos a tener el viejo Plan de 1987, con lo que habremos perdido mucho tiempo en la reformulación de la herramienta más importante de ordenación del territorio que tiene nuestro municipio.

En materia social preguntamos al Gobierno sobre cómo se están gestionando las ayudas de alimentación y la utilización del servicio de Cáritas de Panes y Peces: les propusimos la creación de un servicio de "primera atención" para derivar de manera urgente a las familias que más lo necesiten, y no tengan que esperar semanas para ser atendidas por un trabajador o trabajadora social, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Nos contestaron que están en ello, y ahora nos toca vigilar que así sea.

También exigimos que MC y PSOE se pronuncien sobre el Plan Fénix, que incumbe a la regeneración del barrio de Los Mateos y al reacondicionamiento del Castillo de los Moros. Dejamos bien clara nuestra postura y advertimos que no pueden llevar a cabo actuaciones "de maquillaje" sin enmarcarlas en un plan sistemático a 3 años vista donde se trabaje de manera integral en las áreas de urbanismo, servicios sociales y seguridad.

Por otro lado conseguimos el compromiso del Gobierno para que instara a Demarcación de Costas para que se inicien cuanto antes las obras de acceso a Playa Morena en El Portús, ya que en septiembre de 2015 ya se contaba con el proyecto, los terrenos y el presupuesto para ello. En este caso esperamos que hagan su trabajo, que Costas responda a los requerimientos del Ayuntamiento y que la gente pueda finalmente acceder a un espacio público como son todas las playas del municipio.

En cuanto al proyecto urbanístico de Novo Carthago, y tras la catarata de declaraciones contradictorias por parte del alcalde y de la vicealcaldesa, le demandamos al Gobierno una postura clara sobre el tema, preguntando por la moratoria urbanística y la protección medioambiental del Mar Menor. Una postura de sentido común, que es la misma que demandan los vecinos y que, por otro lado, es la que figuraba en los programas electorales de MC y PSOE y que defendieron en la legislatura pasada cuando estaban en la oposición. Desde PODEMOS tenemos claro que sin cuidado medioambiental no habrá trabajo, ni turismo, ni calidad de vida para los vecinos... y por eso le pedimos al Gobierno que encabece la defensa del Mar Menor y no ponga como excusa lo que nos dijeron en el Pleno: que continuarán con el trámite porque la ley así lo exige, incluso a pesar de que el propio PSOE está apersonado en la causa Novo Carthago.

Por último, los partidos del Gobierno, acostumbrándose a no cumplir los acuerdos plenarios ni sus propios programas electorales, rechazaron también una propuesta de nuestro grupo para que se dé comienzo a las auditorías a Lhicarsa e Hidrogea, tal como votaron en su momento y figura en el presupuesto aprobado por ellos mismos. La excusa para no realizarlas es que los técnicos ya están controlando a esas empresas. Desde Podemos creemos que todo suma, y que las auditorías externas serían muy beneficiosas, ya que, al estar coordinadas por la Interventora, pueden aportar más medios humanos y materiales a la fiscalización y control de las empresas que llevan los servicios públicos en el municipio, un control que durante 20 años del PP fue inexistente y que sirvió únicamente para que las empresas funcionen en régimen de monopolio sin tener que rendir cuentas sobre el cumplimiento de los contratos o de la calidad de los servicios que pagamos todos los cartageneros”.