Dos mujeres se enfrentan a penas de cárcel que suman 21 años por no pagar pagar el alquiler de una vivienda y por falsedad documental. El juicio se celebró en la Audiencia con el abogado Sergio Gómez y el procurador Cristóbal Gómez como acusación particular y Manuel Maza como letrado de la defensa.

Desde febrero de 1999 hasta septiembre de 2000 no fue abonado el alquiler de una vivienda de La Manga. ¿Fue con intencionalidad o por una ausencia de recursos? Es una de las dudas que deberá resolver el tribunal en una causa que también abarca un delito de Falsedad Documental, pues la inquilina y la que pagaba no figuraba como titular de los contratos, sino su hija.

La mujer explicó que pagó por adelantado el primer año (1998), pero que llevó a cabo una fuerte inversión en un local comercial (unos 120.000 euros) junto a su ex pareja, "pero él se fue y yo, al ser la única avalista, quedé arruinada; por eso busqué un piso y pudo vivir gracias a mi madre y amigos porque mi situacion económica era ruinosa". También dijo que durante esa etapa de impagos ella tampoco cobraba alquiler alguno del bajo que poseía. Luego, cuando empezó a ingresar por ese concepto, "le devolví a mi madre el dinero que le debía y me fui de la vivienda, pues antes no podía hacerlo". El letrado de la acusación particular, Sergio Gómez, le preguntó que, si ya había tenido un primer procedimiento de desahucio por impagos, "¿no era lógico que al acumularse más deudas se interpusiera otro procedimiento?". Por su parte, a preguntas de su abogado, Manuel Maza, proclamó que nunca había tenido intención de defraudar.

La hija, por su parte, reconoció a preguntas de la fiscal Yolanda Cuadrado que nunca residió en la vivienda y que nunca dispuso de la cuenta bancaria relacionada con la vivienda.

Después fue interrogado el propietario de la vivienda, quien dijo que hasta que el asunto no llegó al juzgado no se dio cuenta de que el contrato estaba a nombre de la hija y no de la madre, quienes se llaman igual. "Además, me dieron dinero y el contrato firmado, por lo que no me fijé en nada más". Expresó que tener un piso en propiedad donde no se cobra el alquiler "son muchos perjuicios" y desveló que ya tuvo lugar una sentencia a su favor por esa deuda con la inquilina, en la que se decretó el embargo de los bienes, "pero no he cobrado nada aún del casi dos millones de pesetas que me debe". También apuntó que no recogió los telegramas que le envió y que si hubiese tenido intención de pagar hubiese depositado alguna cantidad, por pequeña que fuese. Además, indicaron que la mujer se fue un día antes de la fecha del embargo y que sacó el dinero de la cuenta bancaria.

Este asunto también tuvo una causa por rebeldía en el juzgado de Instrucción número 5 y la orden de embargo de las cuentas bancarias de la mujer por un importe de 13.200 euros. El juzgado decretó el alzamiento de bienes, pero la mujer entregó las llaves de la vivienda el día anterior.

El juicio quedó visto para sentencia.

Juzgado: Sección quinta de la Audiencia Provincial en Cartagena. Tribunal integrado por José Manuel Nicolás, Miguel Ángel Larrosa y José Joaquín Hervás.

Delitos que se juzgan: Delito Continuado de Estafa, Fraude procesal, Alzamiento de Bienes y Falsedad en Documento Público.

Acusadas: Laura R. y Laura M.

Petición de penas: Fiscalía pide dos años para cada una por Falsedad Documenta, mientras que la acusación particular añade seis años, año y medio y dos años, respectivamente, para cada una por los tres primeros delitos antes nombrados. También se piden multas de 8.100 euros para la madre y de 6.480 euros para la hija, junta a una responsabilidad civil cifrada en 12.352 euros. La defensa solicita que ambas sean absueltas.