Una demanda por vulneración de derechos fundamentales presentada por un trabajador y representante sindical de los trabajadores del puerto contra la empresa Sesticarsa ha protagonizado esta mañana, en Lo Social número 1 de Cartagena, un nuevo capítulo judicial entre ambas partes. El demandante también solicita que se anula la sanción de empleo y sueldo que le aplicaron.

• Anexo. Los Trabajadores se cubren las sanciones "injustas".

La empresa sancionó al trabajador, representante del sindicato La Coordinadora, al entender que no había desarrollado bien su labor como capataz en la descarga del barco y que provocó el pago de horas extras para siete trabajadores. Por ese motivo, explicó la letrada Isabel Rosique, el capataz fue sancionado con 45 días de empleo y sueldo.

Un asesor de operaciones de Sesticarsa aseguró que ese día le preguntaron, sobre el mediodía, si necesitaba más personal y que él respondió de forma negativa, que iba bien el trabajo para descargar un barco en el día, como era la orden recibida. Sin embargo, finalmente se dobló turno, lo que estaba prohibido por la empresa, y le acusan de aplicar un ritmo lento en esa faena. "Esta persona ha sido amonestada varias veces por repetir turnos", indicaron.

La defensa, representada por Vidal Aragonés Chicarro, rechazó esa acusación y acusó a la empresa de haber vulnerado los derechos fundamentales. El trabajador sancionado explicó que el ritmo de trabajo era buena y que todo hacía indicar que se podría descargar el barco en el plazo marcado, pero que a partir de las cinco de la tarde comenzaron a faltar camiones para llevar esa carga. "Volvieron sobre las seis y pico pero con 'cuentagotas', lo que impedía desarrollar el trabajo a ritmo normal". También apuntó que en esos momento le dijeron que no se preocupase que la empresa conocía el asunto y no habría problemas. "Lo que estaba claro es que no podíamos abandonar la descarga del buque, pues nuestra orden era ésa y había que hacerlo sí o si", aseveró en la sala. Dos testigos reconocieron que se produjo ese parón y aseguraron que el capataz actuó "con diligencia". Igualmente, se denunció que de los siete trabajadores sólo fuese sancionado el representante del sindicato La Coordinadora.

La Fiscalía se adherió a la defensa
La empresa se mantuvo firme al final en su postura de que incumplió una orden y perjudicó a la empresa, al igual que la defensa, a la que se adherió totalmente el ministerio Fiscal, alegando que actuó correctamente y que se vulneraron sus derechos fundamentales como trabajador. El magistrado Carlos Contreras será ahora el que resuelva el asunto con su sentencia.