¿Cuántas veces hemos oído en la vida real o en el cine la frase "sólo cumplo con mi deber"? Casi siempre la usa algún funcionario (normalmente policía o militar) para justificar una acción que se ha visto obligado a realizar en contra de su mejor parecer, o bien para quitarse importancia ante quien le halaga por una actuación valerosa o incluso heroica. Pero la frase puede tener otro sentido. Podría querer decir: "Hago aquello a lo que estoy obligado y no pienso hacer nada más, aunque podría". Ésta es la actitud que demuestran muchas de nuestras instituciones democráticas y quienes las dirigen.

El Presidente del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado por detrás del Rey y del Presidente del Gobierno, recibió el pasado 20 de noviembre una carta firmada por Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, en la que se le proponía publicar en la web de la Cámara las nóminas de todos los diputados. Jesús Posada contestó, con fecha del 30 del mes pasado, que la web del Congreso "ofrece ya información actualizada sobre los conceptos y las respectivas cuantías que perciben los diputados". El presidente del Congreso añadía que "no existe precepto legal alguno que contemple como exigencia lo que su señoría propone". Comentario sorprendente, pues de la lectura de la carta de Rosa Díez no es posible deducir que hubiera exigencia alguna, sino una sugerencia para ofrecer a los ciudadanos una información de indudable interés público.

También comentaba el presidente Posada en su misiva que no parece que exista costumbre de publicar las nóminas "en la mayoría de las Cámaras parlamentarias de nuestro entorno ni en otras instituciones de nuestro país". Quizás era su forma de sugerir a UPyD que dirija su propuesta primero a la Cámara de los Comunes británica, al Bundestag alemán o a la Asamblea Nacional de Francia en lugar de al Parlamento del que forma parte. En cuanto a la mención a "otras instituciones de nuestro país", quizás entienda que la transparencia debe comenzar por las juntas municipales o por las diputaciones provinciales. El presidente del Congreso terminaba expresando el "compromiso ineludible de esta Presidencia y de la Mesa de la Cámara de cumplir fielmente con lo que resulte de las eventuales modificaciones del ordenamiento vigente". Es decir:la tercera autoridad del Estado está decidida a cumplir la ley. Y ni un paso más.

Rosa Díez ha escrito de nuevo al presidente Posada aclarando que le consta que la publicación de las nominas no es una obligación legal, sino "un ejercicio de transparencia". Además, la portavoz de UPyD ha querido resaltar que "si estuviéramos obligados a cumplir una norma y no lo hiciéramos, nos encontraríamos en una situación grave, como por ejemplo estamos haciendo con el artículo 31.1.2º del Reglamento a la hora de elaborar el proyecto de Presupuesto del Congreso de los Diputados". En efecto, la propuesta de presupuesto no se ha presentado aún ante el Pleno de la Cámara como es preceptivo, a apenas unos días de que finalice el año.

El problema, como tantos en España, es de liderazgo. De las instituciones y de las personas que las representan no podemos esperar el mero cumplimiento de la ley, sino iniciativa y compromiso en el amplio margen de maniobra que tienen. Es tan cierto que la web de la Cámara ofrece, como dice el Presidente del Congreso, información sobre cuantías y conceptos de la remuneración de los cargos, como que es prácticamente imposible para un ciudadano saber cuánto cobra un diputado concreto.

La transparencia no es la mera publicación de conceptos generales, sino la puesta a disposición de la ciudadanía de información relevante de forma comprensible y fácilmente accesible, y sin necesidad de que tenga que ser expresamente solicitada.

Aunque la ley no les obliga, los representantes de UPyD en las instituciones publican sus nóminas en las webs de sus grupos municipales o parlamentarios. El partido, también publica sus cuentas, sus órganos internos y las personas que los componen, quiénes son sus cargos públicos, sus propuestas e ideas y todo aquello que puede interesar a los ciudadanos. No espera a que otros le obliguen, sino que procura dar ejemplo.

A estas alturas pocos pueden dudar de que el conjunto de la sociedad española ha sido objeto de un engaño masivo electoral, de una estafa democrática premeditadamente planificada y de un fraude político. Las hemerotecas son el mejor recurso de demostración de lo afirmado.

La última entrega, elecciones catalanas por medio, ha sido la revalorización de las pensiones que incumpliendo todo lo dicho y hecho, ley y Constitución por delante, se rinde ante el pacto vergonzoso de PP y PSOE para la modificación de la Constitución, declarando prioritario el pago de la deuda. La indignación, la rabia, la sana conducta de rebelarse contra lo injusto se topa con la soldadesca represiva, especialmente entrenada para ello. Reprimen y bien y no solo con la porra, la pelota o el bote. También con la multa injusta y discriminatoria.

En Cartagena algunos empezamos a saber de esto. La Policía Local actúa discriminatoriamente contra quien escribe. Pero no importa, no nos van a parar ni en la protesta ni en la represión. Son infinitamente pequeños en sus miserias frente a la grandeza de nuestros objetivos, que no son otros que democracia plena, empleo para todos, servicios públicos de calidad y políticas de solidaridad. Lo vamos a conseguir. Es cuestión de tiempo.

En dos años y medio, elecciones municipales que tienen que ver al PP pagando culpas y dejando paso a una nueva etapa política que le dé la vuelta a lo existente. Un presupuesto para dar servicios y empleo a la sociedad. Una Casa de cristal que llame a la ciudadanía a participar. Derechos a comer, a resguardarse, a sanarse, a aprender, a cuidar del necesitado, a ayudar al desfavorecido.

En suma a hacer amable el entorno social, político y económico. Y a educar en derechos a quienes tienen la obligación de hacer cumplir las ordenanzas y leyes, debiendo aprender en primera instancia que las prerrogativas de agente de la autoridad lo son no para amparar intenciones tiranas y discriminatorias, sino para garantizar precisamente los derechos de los ciudadanos que de vez en cuando pisotean.