Los abogados defensores de las personas imputadas en una causa en la que se investiga en los juzgados de San Javier sobre irregularidades en la adjudicación de casi medio centenar de contratos de obra pública en el ayuntamiento de Torre-Pacheco, entre los años 2005 y 2006, han solicitado el archivo de la causa al entender que en las pruebas practicadas hasta ahora no existe delito alguno.

La investigación sobre una supuesta corrupción urbanística en Torre-Pacheco fue iniciada por la delegación Anticorrupción de la Fiscalía Superior de la Comunidad y se destapó el 12 de febrero del pasado año cuando el alcalde de la villa pachequera, Daniel García, ingresó en prisión como supuesto autor de una malversación de caudales públicos y prevaricación. También fue enviado a prisión el aparejador municipal Ramón Cabrera. Ambos fueron puestos en libertad un mes más tarde por la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, sin pagar fianza alguna.

La base de la investigación se centraba en la Ley de Contratos, que obliga a sacar a concurso aquellos proyectos cuya cuantía supera los 12.000 euros. Según los investigadores, que disponen de escuchas telefónicas, muchos de los contratos adjudicados 'a dedo' superaban ese límite legal, mientras que otros estaban fraccionados para esquivar esa obligación.

El principal asunto era la permuta entre el Ayuntamiento y Polaris de una parcela de 31.834 m2 destinada a equipamiento deportivo por cuatro rústicas de 53.033 m2, calculando un perjuicio para el municipio de 5 millones de euros. En este asunto también están imputados el empresario Facundo Armero y dos concejales pachequeros, afectando también la causa a la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa.

El pasado mes de octubre declararon el alcalde, los concejales Santiago Meroño y José Saura ante la juez A de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Javier. Ahora, mientras que el fiscal José Luis Díaz Manzanera ha abierto una nueva línea de investigación, los abogados Pardo Geijó, Vicente Pérez Pardo, José María Caballero y José Antonio García han solicitado el archivo de la causa porque consideran que en todas las pruebas practicadas en todo este tiempo no aparece ningún delito. Caber recordar que Hacienda no detectó que el alcalde ni Armero se enriquecieran ilícitamente.