Las polémicas tasas que Alberto Ruiz Gallardón puso en marcha hace menos de un año, cuando aún estaba al frente del ministerio de Justicia, fueron suprimidas ayer en el Consejo de Ministros, que aprobó un Real Decreto-Ley para la modificación de las tasas judiciales, a propuesta del ministro Rafael Catalá, por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias.

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Esta supresión, según informa el Ministerio, se incluye en el Decreto de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. Se continúa así trabajando para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva. “El objetivo es que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos”, proclaman fuentes ministeriales.