Veintidós de los ciento dos afectados en una causa por estafa de Proyecto Joven han prestado declaración en la segunda sesión de la vista oral en la sección quinta de la Audiencia, en Cartagena.

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Tras la primera sesión en la que se pudo conocer la versión de los cinco acusados, hoy comenzaban a declarar las 102 personas que pusieron su dinero para unas viviendas del residencial Infanta Elena que nunca llegaron a ver. Esta mañana han pasado por el Palacio de Justicia de Cartagena los 22 primeros. Transmitían más resignación que indigación. Ya no eran aquellos que en 2009 'estallaron', aunque no por ello renuncian al dinero que pusieron (entre 17.000 y 23.000 euros), que para algunos, si lo recuperan, será como si les tocara la lotería, valga la popular frase.

Los cooperativistas han respondido a las preguntas de la acusación y la defensa. Yolanda Cuadrado representa a la Fiscalía, mientras que los letrados Julián Sanz, Pedro Madrid García y Pedro Arroyo ejercen la acusación particular de los damnificados, siendo Ana Sánchez Aliaga, José Miguel Roda, María del Carmen Ibáñez y Manuel Nieto, junto a Juan F. Pérez Aviles (hoy no estuvo al coincidir con otro juicio), los que representan a los cinco acusados de haber publicitado la construcción de viviendas en Molinos Marfagones (Cartagena) sin tener la titularidad sobre el terreno y de haberse apropiado de los pagos de los cooperativistas.

Casi todos los que han declarado han afirmado que pusieron el dinero para adquirir lo que iba a ser su "primera vivienda", que de oídas se enteraron de que algunos cooperativistas habían visitado los terrenos, pero no ellos, que habían estado en varias asambleas y que no han ejercido otro tipo de acción judicial que ésta presentada por todos de forma conjunta. También que las personas que contactaron en este asunto fue con el presidente de la cooperativa (Joaquín) y la encargada de atender la oficina (Silvia), mientras que algunos sólo vieron al interventor (Gregorio) en una de las primeras reuniones y ninguno conocía a Carmen (acusada de alzamiento de bienes).

Hubo un caso en que una pareja comenzó a pagar por dos viviendas, dándose de baja de una ellas y recuperando el dinero. Otro recuperó 3.000 euros y algunos tenían constancia de que otros inversores también recibieron lo que habían abonado, "pero fueron casos que se dieron al principio". Los que han declarado hoy han expresado que cuando pidieron las cantidades, poco antes de que el asunto llegase a la vía judicial, ya no cobraron. "Me dijeron que ya se devolvería y luego nada" y "Quedamos para cobrar y luego no apareció Joaquín" son algunas frases vertidas, entre otras. "Me quedé sin dinero y sin nada", "No podías pensar que te pudiera pasar a ti" y "Cuando me dijeron que no podía devolver el dinero sin causa concreta me di cuenta que no era nada bueno donde estaba", fueron otras. 

También se les preguntó si llegaron a ver documentos de compra de terrenos y si se le dieron poderes al presidente para comprar, vender, hipotecar o ceder propiedades en nombre de la cooperativa. La respuesta genérica fue negativa por parte de los cooperativistas.

El jueves les tocará el turno a otro grupo de afectados en la tercera sesión de este largo proceso.