La primera sesión de las nueve fijadas por la causa de Proyecto Joven, en la que 102 parejas y familias reclaman el dinero que pusieron para tener una vivienda, comenzó con las declaraciones de los cinco acusados, que rechazaron responder a las preguntas de la fiscal y de la acusación particular, limitándose a las cuestiones planteadas por sus abogados.

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El fondo del asunto, someramente, está en las 102 acusaciones planteadas contra la dirección de una cooperativa, a la que acusan de anunciar la construcción del Residencial Infanta Elena sin tener la titularidad sobre los terrenos y de haberse apropiado de los más de dos millones aportados por los interesados en adquirir inmuebles. Dos delitos son los que se abordan. Por un lado, la estafa, que afecta a cuatro imputados; y por otro, un alzamiento de bienes, que se dirige contra uno de los anteriores y su exesposa.

Antes de comenzar la sesión, los abogados de las defensas plantearon que este procedimiento ha tenido dilaciones indebidas y deficiencias en el proceso, junto a falta de forma, lo que rechazó de plano la fiscal, siendo un asunto que resolverá en la sentencia el tribunal integrado por Miguel Ángel Larrosa, Matías Soria y José Francisco López.

Después llegó el capítulo de tomar declaración a los cinco acusados, anunciándose que sólo responderán a preguntas de sus abogados defensores y no lo harán con las que planteen Fiscalía y acusación particular. Los jueces, tras una breve deliberación y para evitar perder tiempo en una vista oral tan larga, decidieron que, ante esa situación, se omitirían las preguntas de las acusaciones.

El primero en declarar fue el principal imputado, Joaquín E.H., que se enfrenta a 13 años de prisión. Exculpó a las otras personas acusadas que forman parte de la constitución de la cooperativa en junio de 2005, en concreto, el interventor (el constructor Gregorio M.O.) y la secretaria (Lourdes G.). "Los llamé porque se necesitaban tres personas para formar la cooperativa", dijo, además de asegurar que era él "quien lo hacía todo" y que la secretaria sólo se limitaba a tener la oficina abierta. Esta mujer se marchó "por motivos personales en mayo de 2006", siendo reemplazada por Silvia F.R., de quien dijo lo mismo respecto a sus funciones.

¿Dónde está el dinero?
Respecto a dónde están los más de dos millones de euros que se reclaman, Joaquín expuso que 1,4 millones fue el dinero en metálico que recibió en varios plazos el vendedor de los terrenos ("y que él mismo reconoció en el juzgado"), otra cantidad se destinó a la compra de una vivienda de la calle Turquesa de la Urbanización Mediterráneo ("era una inversión por su bajo precio"), en la adquisición de un vehículo Audi valorado en más de 27.000 euros ("para gestiones de la cooperativa") y en otros gastos de gestión. El valor pactado para la compra del terreno era de 3,2 millones de euros, expuso, además de indicar que se compró un terreno en Barrio Peral que después se vendió.

Dijo que los terrenos de Molinos Marfagones iban a ser recalificados, "pero llegó un momento en que el plan urbanístico se puso difícil y la crisis comenzó a afectar". También afirmó que algunos cooperativistas llegaron a hablar con el vendedor de los terrenos "y no hubo quejas hasta la denuncia de 2009", añadiendo que en el juzgado presentó documentos de ese año referentes a que aquellos que quisieran salirse "podían hacerlo recibiendo su dinero". Su abogado apuntó que en este asunto se ha acusado por la vía penal cuando "en momento alguno hubo iniciativa alguna por parte de los cooperativistas contra la gestión a través de un juzgado de Lo Mercantil".

Gregorio, el interventor, aseguró que todos "conocían que se había comprado el terreno de Molinos Marfagones, el cual tenía expectativas de recalificación". Respecto a la acusación de que no se convocaron asambles, dijo que él asistió a una, pero que nunca efectuó gestión alguna, "todas las hacía Joaquín" y que no pisó la oficina.

Lourdes, otra acusada, padece narcolepsia, por lo que antes de su testimonio se le preguntó si estaba en condiciones de declarar, siendo su respuesta afirmativa. La secretaria habló de que se celebraron "tres o cuatro asambleas" y que ella entregó cheques a personas que querían salir de la cooperativa. 

El otro asunto es el alzamiento de bienes por un supuesto falso divorcio entre Joaquín y Carmen para lo que dejaría en situación de insolvencia al primero. El hombre afirmó que antes de la denuncia por este asunto "no tenía nada y ahora tampoco lo tengo, sólo 300 euros que me quedan tras pasar la pensión a mi exmujer", añadiendo que no había cambiado de domicilio "por dejadez" y que actualmente vive con otra pareja. Carmen, quien lloró en varias ocasiones, dijo que estaban separados desde 2004 y que ella se quedó con el hogar familiar tras abonarle a su pareja 6.000 euros que le dieron sus hijos, siendo ella la que paga actualmente la hipoteca con el dinero que gana como empleada de Sanidad.

Hoy, a partir de las diez, se escucharán las versiones de la otra parte, pues comienza en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial el desfile de los testimonios de 102 afectados que aportaron entradas de entre 6.000 y 12.000 euros, más cuotas mensuales mínimas de 300 euros, y que no han recuperado ese dinero.

Vídeo de la declaración de Joaquín E.H.: