La causa por la reclamación de 3,5 millones de Casco Antiguo contra Puerta Nueva, que la establece en 213.000 euros, ha quedado vista para sentencia tras una larga sesión de más de tres horas en el juzgado de Primera Instancia número 1 de Cartagena.

El juicio ordinario, que ha contado con la presencia entre los espectadores del gerente de Casco Antiguo y Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, además de Agustín Alonso y del concejal de Movimiento Ciudadano, José López, entre otros, se basa en la demanda de la entidad municipal Casco Antiguo de 3,5 millones a Puerta Nueva por el 30% del incremento de los beneficios en la venta de viviendas, pero el desarrollo del mismo ha motivado algunos momentos de confusión entre el público, teniendo el juez José Vicente Montealegre que solicitar, especialmente a la letrada de la parte demandada, concreción en las preguntas y evitase repetir lo que ya estaba aportado documentalmente. Por fortuna, el juez, que es quien importa que lo debe tener claro, parece que sí lo tiene. "Este pleito es más simple de lo que parece, pues se trata de una valoración jurídica sobre la documentación aportada", dijo en un momento determinado para tratar de agilizar el desarrollo de la vista, demostrando un pleno conocimiento del fondo del asunto y del contenido de la documentación aportada por las partes antes del juicio.

La parte actora basa su reclamación en que, al no recibir la información solicitada de Puerta Nueva, su investigación concluyó en que la plus valía de la venta de viviendas generaba una deuda de 3.526.000 euros. Puerta Nueva respondió que la cifra real era de 4,4 millones, pero que había que deducir los gastos suplmentarios, como la urbanización de la zona, quedando la diferencia en 213.000 euros. Ésta es la base de la acción judicial de esta mañana, pues Casco Antiguo tiene intención de presentar otra demanda por los más de ochocientos mil euros de diferencia.

Francisco Nieto ha representado a Casco Antiguo y Elena Mazón a Puerta Nueva, siendo la primera persona en testificar el apoderado de la demandada, quien ha declarado sentado por un problema de lumbago y se ha marchado al concluir. Ha afirmado que esa liquidación del 30% se abonó "como anticipo y a cuenta" y que en el contrato se plantearon dos condiciones por parte de Puerta Nueva, "una la corrigió la otra parte, pero no la segunda, que reflejaba que de ese 30% se reducirían los gastos suplementarios, como era el eventual coste de la urbanización" y que se gastaron "siete veces más de lo previsto por la urbanización y contingencias arqueológicos, cifra que hay que deducir de los beneficios". También expresó que, debido al embargo preventivo que existe por esta causa, las 49 viviendas, locales y garajes "son difíciles de vender y Cajamurcia ya ha advertido de la ejecución de las hipotecas".

El problema surgió cuando aparecieron restos arqueológicos en la zona (una vía romana). Según ha reiterado Francisco Nieto, "Puerta Nueva fue compensada suficientemente con la elevación de 2.908,86 m2 en la edificabilidad de los áticos, sustituyendo lo que se perdía en el subterráneo". Por su parte, la abogada Elena Mazón sostenía que esa compensación ya estaba fijada de antemano por el Plan General de Ordenación Urbana en estos casos y no debe incluirse en la operación matemática (plus valía menos urbanización) de la que resulta la cifra final.

Los testigos

El ingeniero jefe del Ayuntamiento de Cartagena afirmó que la nueva urbanización que hubo que acometer tras reformar el proyecto "no tuvo un incremento de los costes, pues el proyecto original era más complejo que el reformado" y desveló que dicha urbanización no está concluida al día de hoy (existe un aval de 800.000 euros de Puerta Nueva para este capítulo), además de fallos pendientes que quedan por resolver en el segundo y tercer bloque de viviendas. El ingeniero protagonizó varias frases muy llamativas durante su testimonio: "Los técnicos somos capaces de justificar el doble o la mitad según el lado en que nos encontremos" y "Ayuntamiento y técnicos no siempre ponemos pegas, pues lo que realmente queremos es que todo salga adelante". También puso la nota de humor cuando le preguntaron si tenía un conflicto de intereses, pues Jacinto Martínez Moncada es gerente de Casco Antiguo y de Urbanismo, donde el ingeniero trabaja. "Sí, que volví a furmar por su culpa", respondió.

La jefa de planeamiento del Ayuntamiento afirmó que cuando se estableció el acuerdo "se sabían que habían restos arqueológicos, por lo que se fijó la compensación del aumento de edificabilidad y otras variables por si aparecían más restos, como sucedió. Se compensó con dos metros cuadrados por cada uno arqueológico perdido".

Por su parte, el arquitecto director de la obra apuntó que esos restos arqueológicos provocó "elaborar un nuevo proyecto y más tiempo, no pudiendo llevar las obras un ritmo adecuado". Cuando la la abogada le preguntó si le parecían excesivos 4.462.890 euros por los gastos de urbanización, señaló que le parecían "razonables". La jefa de obras de la constructora subcontratada manifestó que hubo que comenzar la edificación antes que la urbanización, "lo que no es normal", además de que la oferta que presentaron incluían las catas pero no las excavaciones arqueológicas, como luego tuvieron que acometer. Respecto a esto último, también ha estado como testigo una arqueóloga que trabajó más de dos años en la zona. 

Después, el perito apoderado por la parte actora, valoró en 2.958.000 euros el valor de la compensación que tuvo Puerta Nueva con el aumento de edificabilidad. También estimó que las modificaciones (materiales más baratos y sustituir escaleras por rampas) resultaron menos costosas que lo que se tenía que hacer en un principio. "Puerta Nueva está compensada y con creces", afirmó. Señalar que la obra estaba prevista ejecutar en 18 meses y duró 43, "pero fue porque se hicieron a la vez edificación y urbanización", apuntó el abogado de Casco Antiguo.

Que existieron una plus valía, un incremento de la edificabilidad y una urbanización nadie lo discute, quedando por resolver si la cifra  que se reclama debe surgir de una operación con los tres factores, con dos o con sólo uno. La sentencia será la que resuelva la 'ecuación' en base a todas las pruebas aportadas. 

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