Cartagena de Ley fue testigo de tres vistas celebradas en sala para resolver diferentes propuestas de suspensión de penas o que fuese reemplazadas por trabajos en beneficios de la comunidad o, en un caso, por la expulsión.

El abogado Miguel Castel se presenta en la sala de Lo Penal 3 para defender los intereses de un hombre, de 29 años de edad, a quien le quedan ocho meses de reclusión tras haber sido condenado a cuatro años de encierro. "Comencé a consumir a los 13 años de edad y ahora, que llevo nueve meses de tratamiento en prisión, ya no consumo", dice por videoconferencia, además de reconocer que cometió un robo de bicicletas en 2006 por su dependencia a los estupefacientes y que actualmente carece de recursos económicos. Su letrado pide que pueda salir de prisión e ingrese en un centro de tratamiento externo. La Fiscalía se opone: "No es merecedor de esa petición, pero, no obstante, de forma extraordinaria y con el correspondiente informe médico, se podría contemplar". El magistrado Fernando Honrubia resuelve en el mismo acto, denegando la petición "por hechos delictivos que ha cometido con posterioridad, lo que indica que existe peligrosidad", pero añade que es "merecedor de una nueva oportunidad si sigue las pautas marcadas y con los oportunos informes médicos", acordando iniciar el trámite de suspensión extraordinaria una vez se reciban los informes médicos y se lleva a cabo la oportuna evaluación. "Debe aportar toda la documentación de que disponga y espera que el médico forense emita un informe; sabrá antes de que expire la pena que ahora cumple el resultado del auto".

El joven letrado cartagenero José Luis Ramírez Martínez, del despacho de Pedro Andújar, entra en la sala para abordar dos casos. En uno solicitará la suspensión de un reo que ha quebrantado una orden de alejamiento y está castigado con ocho meses de cárcel. En el otro, pide que la pena sea sustituida por expulsión al tratarse de una persona ilegal en España, quien fue condenado por conducir bajo efectos del alcohol.

María Ángeles Segado Vázquez es la siguiente letrada que entra en sala. Representa a un acusado que está declarado en rebeldía al no haber sido localizado. Fue condenado a tres meses de prisión por un delito Contra la Seguridad Vial al dar positivo en alcoholemia y provocar lesiones en una persona. "Es una persona que carece de antecedentes y peligrosidad, por lo que solicito que la pena sea suspendida o reemplazada por trabajos en beneficio de la comunidad". La Fiscalía no se opone, "pues no hay responsabilidad civil, lo que sería un problema". El juez, in voce, resuelve el auto concediendo la suspensión "condicionada a que no vuelva a delinquir en dos años", concluyendo con la pregunta: "¿Están de acuerdo las partes?". Respuestas: "Conforme, señoría".