En la parte final de la vista oral por el crimen de San Pedro, el fiscal y los abogados han presentado al jurado sus conclusiones tras los tres días de sesiones y han concretado ante el magistrado, José Manuel Nicolás Manzanares, las peticiones de pena que solicitan para Antonio. Las peticiones de cárcel van desde los 25 años que pide la acusación particular, los 17 y medio que solicita la Fiscalía y dejarla hasta en tres años, como plantea la defensa del imputado.

La Fiscalía, representada por David Campayo, solicita una condena de 17 años y medio de prisión más el pago de 120.000 euros a la familia, y ha puntualizado los siguientes apartados de sus conclusiones, ya que considera incierto “que existiesen amenazas por parte de la familia de su ex mujer, cuando es el propio acusado quien dice que sólo era una persona (‘el Pecas’) quien le había amenazado”. Además, ha añadido que el acusado no ha mantenido la verdad en todas sus declaraciones, por lo que piensa que no existían "amenazas ni presiones de la familia; eso no ocurrió”. “El acusado y la víctima no mantuvieron ningún forcejeo y la acción la realizó bajo reflexión”, apunta.

La acusación particular de la familia de la víctima, con el letrado José Manuel Navarro, ha modificado sus conclusiones, añadiendo a la condena del acusado a 25 años de prisión y una indemnización a la familia de 180.000 euros. "El acusado disparó a ciertas zonas del cuerpo de la víctima para no causarle la muerte inmediata, si no un dolor innecesario”. También reclama que se suspenda el régimen de visitas para contactar con sus hijos por un período de siete años tras su salida de prisión y que se le imponga una prohibición de aproximarse a los familiares de la víctima a menos de 500 metros.

El abogado Alberto Truque se ha encargado de la defensa del acusado y ha modificado gran parte de sus primeras conclusiones y asegura que el acusado "sufrió con anterioridad continuas amenazas por parte de los familiares de su ex mujer y que, la misma tarde del suceso, habían intentado atropellarlo, por lo que, presa del pánico, decidió pedir explicaciones a la familia y conocedor de los problemas que podría tener, se aprovisionó de su pistola, de la cual tenía licencia. Tras un forcejeo (lo evidencia la camiseta rota), disparó su arma dos veces y esto ocasionó la muerte”.

Según el letrado, se trataría de un delito de Lesiones con Resultado de Muerte, subsidiariamente un Homicidio por Imprudencia Grave y, en el caso que no se entendiese dicha imprudencia, los hechos serían constitutivos de un delito de Homicidio Consumado. Además, alega que ha existido una dilación indebida en la tramitación del procedimiento y pide un segundo atenuante para el acusado, ya que considera que el acusado confesó el crimen y que ha intentado reparar el daño ocasionado a la familia con anterioridad a la celebración del juicio. El cuarto atenuante es que el acusado sufrió arrebato y obcecación antes de que se produjeran los hechos. Procede imponer al acusado las siguientes penas, si el delito fuese de lesiones con resultado de muerte, 5 años de prisión. Si se trata de homicidio imprudente, 3 años de prisión y si el delito fuese considerado como homicidio consumado, 7 años de prisión. Además, indemnizaría a la familia con 120.000 euros.