Ha quedado visto para sentencia la causa por la que un hombre es acusado de haber estafado más de cuarenta y seis mil euros a una empresa cárnica de Pozo Estrecho (Cartagena).

El juicio, por fin, se ha celebrado esta mañana tras haber sufrido varias suspensiones, unas veces por enfermedad del acusado y otra por cambio de abogado. Lo que sí ha provacado esos retrasos es que el asunto finalmente sea abordado desde la normativa del nuevo Código Penal, que es más 'suave' para los asuntos de estafa.

La historia tiene su origen en la venta de una nave por parte de la empresa cárnica a la sociedad Prim por valor de 240.000 euros, de los que 60.000 quedaron aplazados mediante un pagaré. Tras la firma de la venta, la empresa Prim adquirió productos cárnicos a sociedad de Pozo Estrecho por valor de 48.000 euros.

El pago de esta segunda operación no se llevó a cabo y la entidad de Pozo Estrecho decidió no abonar el pagaré pendiente de la venta de la nave, pero como había sido ya descontado, tuvo que afrontarlo tras un proceso judicial con la CAM, que también le supuso el pago de intereses. Ahora la causa se centra en la responsabilidad penal del acusado y en el pago de ese dinero pendiente de pago.

El acusado ha negado en todo momento su intención de estafar y acusa al anterior administrador único de Prim como posible causante de haber cobrado el pagaré de 60.000 euros y de dejar sin fondos las cuentas bancarias. "Me sentí utiliado, pues me quitaron todo el capital". Su abogado, el oriolano Jesús Hernández, ha concluido que ni fue "mi cliente quien dejó la cuenta a cero ni quien cobró el pagaré, por lo que los demandantes debían haber ampliado la querella al anterior administrador, pues ya tenían conocimiento que pudo ser el autor".

El presidente de la sociedad galilea y el secretario indicaron que las negociaciones de venta de la nave la llevaron a cabo con el anterior administrador, pero cuando se firmó el contrato en la notaría ya era Pedro V. el administrador único de Prim y que fue esta persona quien concertó la adquisición de los productos cárnicos. También han desvelado que siguieron uno de los camiones y que vieron como vendía la carne, posiblemente a menor precio del adquirido, a una carnicería ubicada junto a La Condomina en Murcia.

El abogado de la acusación particular, Evaristo Fernández, hace hincapié en que un certificado bancario señala que fue el acusado quien dispuso de los 16 millones para dejar la cuenta a cero. Por su parte, el fiscal Orencio Cerezuela, resaltó que, como administrador único, Pedro V. F. era la única persona autorizada para cobrar el pagaré y para que la cuenta pasase de tener 16,8 millones de pesetas a quedar con números rojos. También recalcó que el imputado simuló solvencia pero no tuvo voluntad firme de pagar.

La duda es por qué no asistió el anterior administrador único, quien fue aludido por ambas partes. "Estaba citado pero no ha venido y, por nuestra parte, no queríamos que otra vez se suspendiese el juicio", dijo el abogado de la acusación.

Juzgado: Sección quinta de la Audiencia Provincial en Cartagena. Tribunal integrado por José Manuel Nicolás, Fernando Fernández-Espinar y Matías Soria.

Delito: Continuado de estafa.

Acusado: P. V. F. y, como responsable subsidiario, Prim Grupo Empresarial SL

Petición de pena: La acusación particular reclama 4 años de cárcel, con el agravante de relación de confianza, una multa de diez meses y el pago de 46.138.021 euros. El fiscal pide también condena en base al nuevo Código Penal, con la atenuante de dilaciones indebidas. La defensa pide que su cliente sea absuelto.