La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja (Alicante) acordó ayer el ingreso en prisión, sin fianza, de las diez personas detenidas en la operación llevada a cabo por policías nacionales de Cartagena y Almería, junto a la UDYCO y GEOS, durante la descarga en el polígono industrial de Cabezo Beaza de un contenedor con 500 kilos de cocaína que iban escondidas en pieles de búfalo (2.073 bolsas cosidas con 187 gramos cada una). Hay dos cartageneros, que son defendidos por el abogado César Delicado (en la imagen).

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Las investigaciones de este asunto se iniciaron en noviembre del año 2011, según ha podido conocer Cartagena de Ley, sobre un asunto que generó varias ramificaciones, una de las cuales registró en 2013 el arresto de un vecino de Torrevieja, de 44 años e iniciales FJI, al que se le atribuye el alquiler de la nave de Cartagena donde se iba a descargar la droga. Después, los investigadores conocieron de la llegada de un contenedor con media tonelada de cocaína al puerto de Valencia (al parecer procedía de Colombia y pasó por Madrid), que siguieron hasta Cartagena, actuando los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEOS), el grupo de élite de la Policía Nacional que se desplazó desde Guadalajara, mientras se llevaba a cabo la descarga del material en una nave del polígono Cabezo Beaza, propiedad de un empresario cartagenero que fue detenido, junto a un empleado, mientras almorzaban en un restaurante del complejo industrial. Cuatro detenidos son colombianos que estaban llevando a cabo la descarga (uno resultó herido durante la intervención policial) y los restantes son almerienses (entre los que hay tres empresarios). La cifra se amplió a diez detenidos con otro arrestado en Baza un día más tarde.

Todos fueron trasladados a los calabozos de la Comisaría de Cartagena y ayer pasaron a disposición judicial en Torrevieja. Se acogieron al derecho a no declarar de los acusados, salvo en dos casos, uno de ellos el empleado cartagenero, quien rechazó cualquier vinculación con este asunto y que afirmó que al único que reconocía de los detenidos era a su jefe. La jueza acordó el ingreso en prisión sin fianza y decretó el secreto de las actuaciones durante un mes, pues la operación sigue abierta.