Ocho personas están acusadas de un delito de homicidio por imprudencia por la muerte de un trabajador en la obra de un edificio en Santa Lucía (Cartagena) en 2009. La causa que lleva el juzgado de Lo Penal número 3 de Cartagena se celebrará en dos sesiones en marzo del próximo año en la sala de la Audiencia.

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El fallecimiento del trabajador, debido a una caída desde una elevada altura, tuvo lugar el 15 de julio de 2009 en los trabajos de carpintería metálica que se llevaban a cabo en un edificio próximo a la redonda de la grúa Sansón. Hay ocho acusados de homicidio por imprudencia, entre los que figuran el promotor de la obra, arquitecto, constructor, aparejador, etc.

La Fiscalía solicita para cada uno penas de 3 años de cárcel por el homicidio por imprudencia más 114.000 euros para la viuda y 48.000 para el hijo como responsabilidad civil. Las acusaciones particulares que ejerce, con letrados distintos, la madre y la viuda del fallecido reclaman 18 meses de prisión por el homicidio por imprudencia y 4 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que como responsabilidad civil solicitan unos 105.000 euros para la viuda, 45.000 para el hijo y 10.000 para la madre. Las acusaciones consideran que no se cumplieron las medidas de seguridad en la obra.

Las defensas, por su parte, piden que sean absueltos los ocho imputados y exponen que sí existían esas medidas de seguridad y que si se produjo el desgraciado accidente tuvo que ser por un hecho extraordinario. Esta semana las partes fueron citadas por el juez Fernando de la Fuente Honrubia ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo, pero no fue posible y se han fijado las fechas del 6 y 13 de marzo de 2015 para celebrar el juicio, que tendrá que desplazarse a la sala de vistas de la Audiencia Provincial en Cartagena por el elevado volumen de protagonistas.

Junto al fiscal, ejercen la acusación los abogados Juan Luis Díaz y Esperanza Ferrán, mientras que las defensas están representadas por los letrados Jesús Giménez Gallo (lleva a dos acusados), Ángela Coquillat, Antonio Rodríguez, And´res Sevilla, Francisco Nieto y Raúl Núñez. También hay otros abogados que defienden los intereses de nueve compañías aseguradoras.